Durante el tiempo en el que los realizadores del documental No se mata la verdad tardaron en producirlo, de enero del 2015 a marzo del 2018, murieron asesinados 34 periodistas mexicanos. «Cada mes que tardábamos en terminarlo, mataban a otro colega», dijeron en el estreno del filme en Culiacán. El evento era parte de la conmemoración del primer aniversario del crimen de Javier Valdez, cronista de la ciudad, abatido por los 14 balazos de dos sicarios.
Y esa misma tarde del 15 de mayo, mataron a Juan Carlos Huerta en la ciudad de Villahermosa. Y el día 25 a Alicia Díaz, en Monterrey. Y el pasado martes, a Héctor González, en Ciudad Victoria. En el 2017, los países del mundo donde mataron a más periodistas fueron México y Siria, por encima de Irak y Afganistán. El mandato del presidente, Enrique Peña Nieto, parece encaminado a ser el de mayor número de asesinatos de periodistas en la historia de México. Hubo 22 durante el sextenio de Vicente Fox (2000-2006) y 48 en el de Felipe Calderón (2006-2012). En la actualidad se acumulan 45, pero de seguir la progresión, a un ritmo superior a uno por mes (seis han fallecido de enero a mayo, más un desaparecido), la cifra fatal puede alcanzar los 50 cuando Peña Nieto entregue el cargo a su sucesor, en octubre.
En el discurso oficial, la violencia contra periodistas se atribuye exclusivamente al crimen organizado. Pero las organizaciones que defienden la libertad de expresión han demostrado que es una afirmación falsa: de las 2.765 agresiones registradas en los últimos 9 años por Article 19 -oenegé que defiende la libertad de expresión-, 273 provienen de ese tipo de delincuencia, menos de un 10% del total.
La fuente mayoritaria de los ataques son los servidores públicos, con 1.352, el 49% del grueso. Esta categoría incluye a fuerzas del orden, alcaldes, legisladores, gobernadores e incluso al presidente de la República de México, acusado de ordenar la expulsión de la radio de periodistas que revelaron que él y su esposa vivían en una mansión de 7 millones de dólares propiedad de un constructor afín al dirigente.
El 17 de mayo del año pasado, a dos días del asesinato de Javier Valdez, Peña Nieto convocó a embajadores y ministros a un acto solemne en el que se comprometió a cumplir promesas hechas años antes, como el funcionamiento eficaz de un mecanismo de protección y de una fiscalía especializada en libertad de expresión, que desde el 2010 apenas ha obtenido cuatro sentencias de 800 casos.
Un mes después de la ceremonia, The New York Times reveló que el gobierno empleaba un software israelí para intervenir los teléfonos móviles de líderes sociales y periodistas. Cuando los espiados lo hicieron público, Peña Nieto se mostró ofendido y ordenó proceder contra los denunciantes.
Por otro lado, el pasado sábado una candidata a diputada y una regidora fueron asesinadas a tiros en el central estado de Puebla, aumentando el número de políticos muertos de manera violenta durante el actual proceso electoral en México. Otro político del Partido Revolucionario Institucional murió también tiroteado en Juchitán, Oaxaca.
