El envenenamiento con varias dosis de cianuro de un salvaje represor de la última dictadura argentina a pocos días de escuchar su condena pone a prueba el anhelo de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de ver concluidos al final de su Gobierno los procesos judiciales contra los militares que violaron los derechos humanos.
La jueza Sandra Arroyo sigue la pista del veneno y parece tener ya pruebas suficientes para calificar lo ocurrido en torno a la muerte del exprefecto naval (responsable de la policía marítima) Héctor Antonio Febres de "instigación o facilitación de suicidio". Sin embargo, no descarta considerar que Febres fue asesinado para que no hablara ante la justicia.
Arroyo concluyó ayer el interrogatorio de la esposa y los hijos del marino, que formó parte de los comandos del tristemente célebre centro de detención secreto de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde sobresalió por su saña para la tortura y su papel en el robo de los niños nacidos en cautiverio.
La magistrada ya detuvo a los marinos que vigilaban a Febres en una insólita cárcel de lujo, donde contaba con teléfono móvil, DVD y el privilegio de recibir visitas ilimitadas y extensas. El caso ya tiene un gran impacto político en este país. La jefa del Estado asumió la presidencia hace una semana enarbolando las banderas de la lucha contra la impunidad que hizo flamear su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.
Mientras se preparaban para el traspaso de poderes, las autoridades salientes recibían con perplejidad la noticia del fallecimiento de Febres, alias Selva , Daniel u Orlando . Martín Orozco, el abogado de la familia Febres, aseguró ayer que sus clientes no fueron las últimas personas que vieron al represor. Reveló a su vez que Selva cenó el domingo 9 de diciembre con "un amigo y camarada que lo frecuentaba". Y también subrayó que Febres "nunca dio muestras de querer quitarse la vida".
PODERES OSCUROS Lo que ya nadie duda es que el envenenamiento de Febres es otra muestra intimidatoria de los poderes oscuros que se oponen al avance de los juicios a los represores. Ya hace más de un año de la desaparición de Julio López, un anciano cuyo testimonio fue clave para condenar a prisión perpetua al jerarca policial Miguel Etchecolatz.
Ahora, señaló Graciela Daleo, superviviente de la Esma, la muerte de Febres "muestra que hay un plan macabro" en marcha. Además, Daleo pidió que se "garantice" que los militares acusados "lleguen vivos a escuchar la sentencia".
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo ayer que el caso Febres "evidencia que hay una Argentina que no tolera la revisión del pasado y el castigo de los responsables". Es una Argentina "que se resiste a morir y genera este tipo de cosas".
