«Hago un llamamiento a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos a conversar». El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, formuló su exhortación al movimiento indígena casi al mismo tiempo que los gases lacrimógenos cambiaban el aire de la zona histórica de Quito. La imagen de las calles coloniales envueltas en gris lo decían todo: un nuevo estallido social pone en jaque a las instituciones como en 1996 y el 2000.
Cuando la policía desalojó las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Ecuador donde se había concentrado el movimiento indígena que exige al Gobierno la anulación del aumento del precio de los combustibles, el recuerdo de sacudidas anteriores se hizo más patente. «Hemos soportado la represión con más de 554 heridos, 929 detenidos, cinco muertos y otros tantos desaparecidos», aseguró la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) a través de Twitter.
La Conaie subrayó que «se derogue el decreto» que habilita los incrementos para conversar. Pero el movimiento indígena reclama también que se dé marcha atrás en el intento de reforma laboral que, entre otras cosas, incluye la potestad estatal para rebajar el salario y los días de vacaciones de los empleados públicos.
La alocución presidencial duró un suspiro: apenas 40 segundos. El ajuste es llevado a cabo en el marco de un acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha otorgado a Moreno una financiación de 4.200 millones de dólares a cambio de las medidas que han encendido la mecha de la protesta.
En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su enfático apoyo a Moreno y a «los esfuerzos» que realiza para «institucionalizar prácticas democráticas e implementar reformas económicas necesarias». Pompeo remarcó que Washington está «al tanto» de los acontecimientos y, en alusión a Venezuela, «monitorea las alegaciones de que un actor externo esté involucrado» en las protestas.
