El empresario catalán Joan Alié, de 61 años, herido en el atentado de Casablanca contra la Casa de España, murió el viernes por la noche en el hospital del Valle de Hebrón de Barcelona, donde permanecía en estado muy grave, según se supo ayer. Tras una semana de agonía, Alié, vicepresidente del casal catalán de Marruecos, se convirtió así en la cuarta víctima mortal española de los ataques suicidas.
Otros tres españoles resultaron heridos en los atentados, que causaron 43 muertos. Joan Alié estaba cenando en la Casa de España. El empresario llevaba 20 años viviendo en Marruecos y regentaba un taller mecánico. La capilla ardiente quedará instalada en el tanatorio de Les Corts de Barcelona a partir del lunes por la tarde.
Ayer, el ministro de Justicia, Mohamed Buzuba, anunció que a principios de semana comenzará el juicio contra algunos de los acusados por los atentados. Según el ministro, la investigación ya ha terminado.
TRES DETENCIONES
Además, el Ministerio de Interior anunció la detención de tres de los nueve sospechosos cuyas fotos fueron difundidas el miércoles por las autoridades marroquís en toda la prensa del país. Según Yasín Mansuri, número tres del Ministerio del Interior, los tres detenidos tienen relación directa con el comando de 14 kamikazes que perpetró los atentados.
Los ataques han facilitado la primera derrota política en el Parlamento de los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), acosados ahora por el resto de partidos que les reprochan sus recientes posiciones de apoyo hacia los grupos salafistas más radicales. El pasado jueves, los islamistas no tuvieron más remedio que retirar sus enmiendas y permitir que el Parlamento marroquí aprobara por unanimidad, tal y como pretendía el Gobierno, el Código de Lucha contra el Terrorismo.
En virtud de esa ley antiterrorista, se amplía el plazo de prisión preventiva de sospechosos de 48 a 72 horas prorrogables hasta 96; se endurecen las penas por terrorismo y entre ellas se incluyen la cadena perpetua y la pena de muerte; se pueden efectuar registros domiciliarios en plena noche (antes sólo se autorizaban de día); se autorizan las escuchas telefónicas de sospechosos; se puede impedir a los abogados tener contacto con sus clientes, y se castigará judicialmente a quienes posean información sobre terroristas y no la comuniquen a las autoridades.
El PJD anunció que no participará en la manifestación convocada contra el terrorismo prevista hoy en Casablanca.
