Las empresas españolas en Cuba han respondido con contundencia al título III de la ley Helms-Burton. «No aceptamos que se nos apliquen de forma unilateral estas medidas extraterritoriales, de manera que no hay nada que negociar», asegura el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC), Xulio Fontecha. Su organización representa a más de 200 compañías en la isla, incluidas las hoteleras, y cuenta con el apoyo del Gobierno español y la UE.
«La entrada en vigor del título III nos perjudica, pero no tanto por las acciones legales que se puedan adoptar contra nosotros, sino por los efectos negativos que pueden tener sobre el turismo, las remesas o las inversiones en Cuba», asegura en un correo electrónico enviado a este diario. «Cuando a la isla le va bien, a nuestras empresas también, porque incrementan su trabajo y su facturación».
En los diez días transcurridos desde la activación del título III, se han presentado tres demandas en los tribunales de Florida. Dos contra el gigante de los cruceros estadounidense Carnival, al que varios particulares acusan de lucrarse con el uso de los puertos de La Habana y Santiago, que en su día pertenecieron a sus familias. Exxon Mobil presentó la tercera contra dos corporaciones cubanas.
Cuba nunca ha disputado el principio de compensación para las empresas y particulares de EEUU, pero no ha llegado a materializarse. La Habana sí indemnizó a otros países como Canadá, Reino Unido o España (1967) tras llegar a acuerdos bilaterales con cada uno de ellos. «Les pagaron al kilo, menos de 10 centavos por cada dólar. EEUU no lo acepta, reclama el valor total», asegura el abogado Mauricio Tamargo, quien fuera presidente de la Comisión de Reclamaciones Extranjeras. Cuba argumenta que una hipotética negociación tendría que tener en cuenta los daños causados por el embargo estadounidense, que cifra en más de 100.000 millones de dólares.
