Después de una década de complejas negociaciones y alambicados equilibrios, la UE inauguró ayer con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa una profunda reforma, que refuerza su democracia interna, amplía los derechos de los ciudadanos, agiliza la toma de decisiones e incrementa la capacidad internacional europea.
El tratado introduce el derecho a la iniciativa legislativa popular, hace vinculante jurídicamente la Carta de Derechos Fundamentales y amplía los poderes de las instituciones electas: el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Los ciudadanos podrán pedir a la Comisión Europea que elabore proyectos de ley si reúnen un millón de firmas en un número significativo de países.
El tratado crea la figura del presidente estable y a tiempo completo de la UE. Este cargo será estrenado por el exprimer ministro belga Herman van Rompuy. En el exterior será la cara y la voz de la UE, y en el interior se responsabilizará de impulsar las decisiones adoptadas en las cumbres. El mandato tiene una duración de 2,5 años, prorrogables hasta cinco. El Ejecutivo comunitario y su presidente deben ser ratificados por los eurodiputados.
El Parlamento Europeo amplía a 751 el número de escaños respecto a los 736 actuales. España ganará cuatro (hasta 54). El tratado incluye una cláusula de salida que permitirá a un país abandonar la UE.
El tratado refuerza los poderes del responsable de la política exterior de la UE y lo convierte de facto en un ministro de Exteriores y Defensa de la UE. Presidirá el Consejo de Ministros de Exteriores europeo y representará a la UE en el exterior a nivel ministerial. El cargo implica simultáneamente la vicepresidencia de la Comisión Europea. La británica Catherine Ashton será la primera ministra de Exteriores europea. La actuación de la UE se reforzará con la creación de un servicio diplomático europeo, apoyado por una estructura militar. El tratado introduce la cláusula de defensa mutua.
MAYORIA CUALIFICADA El complejo sistema de votaciones del Consejo de Ministros de la UE será sustituido en el 2014 por la adopción de decisiones por una mayoría cualificada del 55% de los estados que sumen al menos el 65% de la población. Esto debe facilitar la adopción de decisiones. El tratado suprime el derecho de veto nacional en unos 40 temas, que pasarán a decidirse por mayoría cualificada, en especial en justicia e interior. La unanimidad se mantiene para aquellos temas considerados más sensibles, como fiscalidad, política exterior, defensa, seguridad social y ampliación.
