El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregará al Congreso documentos clasificados del Departamento de Justicia en los que se detallan los puntos legales sobre los que se basa el programa de 'drones', un asunto que ha levantado una gran polémica en los últimos días por la inminente publicación de un 'libro blanco' que desvela algunos de los pormenores del uso de aviones no tripulados por parte de Washington.

"Hoy, como parte del compromiso del presidente de consultar con el Congreso en asuntos de seguridad nacional, Obama ha encomendado al Departamento de Justicia que facilite a los comités de Inteligencia el acceso a la documentación confidencial relacionada con el asunto incluida en el 'libro blanco' del departamento", ha dicho este jueves una fuente gubernamental, citada por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Este 'libro blanco' --titulado 'Legalidad de las operaciones letales dirigidas contra ciudadanos estadounidenses que ocupen altos cargos en Al Qaeda o fuerzas asociadas'-- es un documento político, más que un documento legal oficial.

Desde que Barack Obama asumió en 2009 la Presidencia de Estados Unidos han aumentado los ataques con aviones no tripulados en el extranjero, sobre todo en Pakistán y Yemen, lo cual ha generado una fuerte polémica en estos países.

Estos ataques han causado la muerte de cientos de supuestos miembros de Al Qaeda y se han justificado como actos de autodefensa coherentes con el Derecho Internacional. Los detractores consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que causan, además, la muerte de civiles.

Según un informe desclasificado del Departamento, de 16 páginas y que ha llegado a poder de la cadena de televisión NBC News, las autoridades norteamericanas pueden autorizar la muerte de estadounidenses en el extranjero cuando se trata de líderes de Al Qaeda o de cualquiera de sus aliados.

El documento, que no tiene fecha, considera que estos ataques no violan la soberanía de otros países en los casos en que sus Gobiernos den su consentimiento o demuestren falta de voluntad o de capacidad para acabar con estas amenazas individuales.

Aparte, concluye que los bombardeos con los aviones no tripulados en el extranjero tampoco contravienen la Constitución estadounidense en los casos en que las máximas autoridades norteamericanas establezcan que los objetivos individuales suponen una "amenaza inminente" contra Estados Unidos o que la captura de esas personas es "inviable".

La operación tampoco es anticonstitucional si puede llevarse a cabo "en coherencia con las leyes de la guerra", según el informe, que advierte de que los tribunales no tienen ningún poder de revisión o control de estas actividades.

En cuanto a la definición de "amenaza inminente", el documento destaca que no es necesario que haya pruebas de que se esté planificando ningún ataque en concreto en los casos en que conste la implicación frecuente del individuo en conspiraciones contra Estados Unidos.

Base secreta en Arabia Saudí

El miércoles, el diario estadounidense 'The Washington Post' ha informado sobre la presencia de una base secreta de 'drones' en Arabia Saudí, que está operativa desde hace dos años, para atacar objetivos de la red terrorista Al Qaeda en la región.

La base militar secreta fue creada hace dos años con el objetivo de luchar contra los milicianos de la rama yemení de Al Qaeda, Al Qaeda en la Península Arabiga, que ha aumentado sus ataques en los últimos años y que Washington ve como una amenaza directa contra intereses norteamericanos.

El próximo director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), John Brennan, que fue jefe de la delegación de esta agencia en Arabia Saudí, tuvo un papel destacado en las negociaciones con las autoridades de Riad para abrir la base de 'drones'.

La existencia de esta base secreta estadounidense en Arabia Saudí era conocida por varios medios de comunicación norteamericanos que decidieron no revelar esta información a propuesta del Gobierno de Washington, según ha explicado el 'Washington Post'.

La Administración justificó la necesidad de confidencialidad porque revelar la existencia de la base secreta podría perjudicar las operaciones contra Al Qaeda en la Península Arábiga y la colaboración en materia antiterrorista de Arabia Saudí.

ACLU

La principal y más veterana organización de Derechos Humanos de Estados Unidos, la Unión Amaricana de Libertades Civiles (ACLU), ha reaccionado a la publicación de este "notable documento" advirtiendo, en palabras de su subdirector para asuntos legales, Jameel Jaffer, de que pone de evidencia "tanto la imprudencia de los argumentos centrales del Gobierno" como "las deficiencias del sistema defensivo".

El informe del Departamento de Justicia, según Jaffer, autoriza estos ataques "incluso cuando la amenaza no es inminente en el sentido habitual de la palabra, cuando el objetivo nunca ha sido imputado de crímenes ni informado de las acusaciones en su contra e incluso cuando el objetivo no se halla cerca de una zona de combate".

ACLU --creada en los años veinte del siglo pasado y que cuenta con medio millón de socios y simpatizantes-- se ha personado en la denuncias contra el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentadas por los familiares de tres estadounidenses muertos en ataques con aviones no tripulados, por considerar que estos homicidios son anticonstitucionales.

Se trata de los casos de Anwar al Awlaki, supuesto miembro de Al Qaeda nacido en el estado de Nuevo México y muerto en Yemen en septiembre de 2011; Samir Khan, nacionalizado estadounidense y responsable de una página de Internet afín a Al Qaeda, muerto en el mismo ataque; y el hijo de Awlaki, Abdulrahman, de 16 años y nacido en Colorado, fallecido un mes antes.

El Gobierno de Obama (galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2009) se ha enfrentado a la creciente presión de algunos miembros del Congreso que le han exigido que aporte más detalles sobre su programa de ataques con aviones no tripulados, incluidos los documentos secretos relacionados. El pasado mes de enero, según recuerda la BBC, la ONU puso en marcha una investigación sobre el impacto de estos ataques en la población civil.

Investigación de la ONU

A finales de enero, Naciones Unidas abrió una investigación en torno a la utilización de aviones no tripulados por parte de Estados Unidos, Reino Unido e Israel para bombardear presuntos objetivos insurgentes en Pakistán, Yemen, Somalia, Afganistán, el Sahel y Territorios Ocupados Palestinos.

En el marco de la investigación, el relator especial de la ONU para Antiterrorismo y Derechos Humanos, Ben Emmerson, revisará entre 20 y 30 ataques ejecutados por Estados Unidos en Pakistán, Yemen, Somalia y el Sahel; Reino Unido en Afganistán; e Israel en Territorios Ocupados Palestinos.

Los bombardeos serán seleccionados como representativos de diferentes tipos de ataques y serán estudiados para revisar la extensión de víctimas civiles causadas por los mismos, la identidad de los militantes declarados como objetivos y la legalidad de los ataques en países en los que Naciones Unidas no ha reconocido formalmente la existencia de un conflicto.

El relator de la ONU ya ha señalado con anterioridad que algunos de estos ataques con 'drones' --particularmente los conocidos como 'doble toque', en los que personas que han acudido al rescate de víctimas de un primer bombardeo han parecido a causa de un segundo ataque-- constituyen posiblemente un "crimen de guerra".