Al menos ocho personas miembros de los movimientos sociales que respaldan a Evo Morales murieron el viernes durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Sacaba, en las inmediaciones de la ciudad de Cochabamba, donde quedó de manifiesto el grado de violencia que se ha apoderado del país.
El Gobierno de facto ya ha empezado a utilizar el lenguaje de la Guerra Fría y habla de la presencia de «subversivos» en las manifestaciones. Las autoridades nacidas del golpe han detenidos a nueve venezolanos después de que La Paz haya roto las relaciones diplomáticas con Caracas y haber reconocido al diputado Juan Guaidó como presidente «encargado» del país caribeño. La Paz también ha negociado con La Habana la salida del país de 725 médicos cooperantes cubanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el «uso desproporcionado de la fuerza policial y militar» que, además de los ocho campesinos muertos, dejó decenas de heridos de gravedad en los incidentes de Cochabamba. Los muertos del viernes eleva a 18 las víctimas mortales desde que estalló la crisis en octubre.
El Estado, recordó la CIDH, tiene la «obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente». Para esta organización, las armas de fuego que se utilizaron en Sacaba «deben ser excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales».
La violencia vivida en Cochabamba -y que en cualquier momento puede trasladarse a La Paz, la capital política- no ha pasado inadvertida al bloque de derechas que ocupa el Gobierno provisional. La senadora Jeanine Áñez, quien juró el cargo de presidente del país sin quorum parlamentario tras la destitución de Morales, afirmó que los «extranjeros» están relacionados con las protestas callejeras y el bloqueo al suministro de gas. «Vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan restaurar el orden público y el normal desarrollo de la actividad económica para entregar después de nuestro mandato un Estado viable y con posibilidades de desarrollo», señaló.
Tras la denuncia de la CIDH, Áñez expresó su «consternación» por lo ocurrido en Cochabamba pero acusó a Morales de «convulsionar» al país y de «tratar de minimizar los hechos de corrupción y el fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre». «Sepan que están ante una mujer firme, ante una mujer comprometida con su país».
RESPUESTA DE EVO MORALES / «El régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba», tuiteó por su lado Morales.
En una entrevista a la cadena CNN, el presidente depuesto dejó entrever que la tensión aumentará. «No creo que el pueblo pare hasta sacar la dictadura del Palacio Quemado».
Morales hizo un llamamiento al diálogo «con autoridades de gran nivel» y sin exclusiones para salir de la crisis que estalló tras los resultados electorales. «Nuestro pueblo pide paz y concertación», aseguró.
