El régimen del presidente eritreo Issayas Afewerki ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por una comisión de investigación de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha hecho público un informe demoledor en el que constata casos de masiva "esclavitud, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos".
El estudio, el segundo que este organismo publica sobre este pequeño país del cuerno de África, hace referencia a los último 25 años, cuando Eritrea se independizó de Etiopía tras una guerra que duró treinta años.
"Eritrea es un Estado autoritario, que carece de un poder judicial independiente, que no tiene Parlamento ni otras instituciones democráticas", ha dicho Mike Smith, presidente de la Comisión de investigación. "Hay un clima de impunidad hacia los crímenes contra la humanidad cometidos desde hace un cuarto de siglo", ha añadido.
En la rueda de prensa de presentación de este segundo informe, Smith ha cifrado en entre 300.000 y 400.000 los eritreos que han diso esclavizados a la lorgo de estos últimos 25 años en el país africano.
El Gobierno eritreo, a través de un comunicado firmado por el consejero presidencial, Yamane Ghebreab, ha rechazado las acusaciones "sin fundamento", "destructivas" y que esconden "motivaciones políticas".
El documento destaca que los eritreos están sometidos a servicio militar obligatorio indefinido, detención arbitraria, represalias por supuestas acciones de otros miembros de su familia, discriminación basada en la etnia o la religión, violencia sexual y de género y asesinatos.
SERVICIO MILITAR INDEFINIDO
Los expertos destacan que el servicio militar indefinido es uno de los argumentos esgrimidos por muchos de los eritreos que huyeron del país. En 2015, 47.025 eritreos solicitaron asilo en Europa muchos de ellos tras haber cruzado el Mediterráneo en peligrosas travesías. Smith ha dicho que la comisión cree que el régimen dispara a matar a los eritreos que intentan huir del país.
El informe identifica a individuos específicos, jerarcas del partido gobernante -el Frente del Pueblo para la Democracia y la Justicia- y altos cargos militares como los responsables de los crímenes contra la humanidad.
El Gobierno eritreo no concedió acceso al país a los miembros de la Comisión, que consiguieron la información recopilada de 833 entrevistas con ciudadanos eritreos residentes en 13 países y de 160 declaraciones escritas obtenidas durante su primera investigación entre mediados de 2014 a mediados de 2015.
Tras la publicación del primer informe, la comisión recibió 45.000 declaraciones escritas, la mayoría críticas con el trabajo de los expertos y de similar tipo, por lo que se concluyó que provenían de una campaña organizada por el gobierno para desacreditar el trabajo de los expertos.
