El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó ayer una resolución que impone nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas a los piratas que actúan desde las costas de Somalia. El texto, presentado por el Reino Unido y que recibió el apoyo unánime de los 15 miembros del Consejo, reafirma el embargo de armas impuesto a Somalia desde 1992.
El objetivo de estas nuevas sanciones es asimismo reforzar al Gobierno de transición somalí y debilitar a los grupos armados que fomentan la inestabilidad del país desde hace casi dos décadas. La resolución aprobada sirve tan solo de marco y no identifica a los individuos, empresas u organizaciones que serán sancionados. Será un comité de expertos el que decidirá más adelante a quién se imponen las sanciones. El texto incluye medidas como la congelación de activos y prohibiciones de viaje para cualquiera que participe en la violencia en Somalia o la apoye.
El desafío de los piratas movilizó también a los países ribereños del mar Rojo --Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Sudán y el Yemen--, que se reunieron para evaluar las medidas. Rusia anunció que su Armada patrullará de forma permanente en el Cuerno de Africa y el golfo de Adén.
La amenaza que supone la piratería constituye "un desafío muy grande" y debe ser combatida por la comunidad internacional, según declaró el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer.
La ausencia de una autoridad firme en Somalia desde que el dictador Siad Barre fuera derrocado hace 18 años ha convertido el país "en caldo de cultivo de extremistas frustrados y una fuente de inestabilidad en la región ".
Los piratas somalís que tienen secuestrado el superpetrolero saudí Sirius Star reclaman el pago de un rescate de 25 millones de dólares (unos 20 millones de euros), según Andrew Mwangura, del Programa de Asistencia Marítima, con sede en Mombasa. Mwangura dijo que las negociaciones ya avanzan.
