El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la ONU examina desde ayer en Ginebra la situación en Francia, marcada por la reciente decisión del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar la mitad de los campamentos de gitanos rumanos y búlgaros y retirar la nacionalidad a las personas de origen inmigrante que delincan. En la sesión pública, participan no solo los representantes del Gobierno, sino también una decena de oenegés que presentan informes de denuncia.
Bajo el título Discriminación racial contra gitanos y nómadas en Francia , la Unión Francesa de Asociaciones Zíngaras y la Asociación de Nómadas Católicos critican el "deterioro desde el año 2005", cuando la ONU hizo el último examen y ya advirtió sobre la situación de esta población. Otra oenegé, la European Roma Rights Centre, con sede en Budapest, recuerda lo que Francia debía hacer: "Avanzar en sus esfuerzos para proporcionar a los nómadas más áreas de aparcamiento e infraestructuras en entornos saneados, intensificar los esfuerzos en la educación y combatir la exclusión, incluyendo los aspectos del desempleo y el acceso a los servicios de salud". El Gobierno está representado por nueve técnicos de siete ministerios. Muchas de estas tesis son contrarrestadas por el documento de la Liga de Derechos Humanos francesa. Pero otro informe semigubernamental también se muestra muy crítico con las medidas oficiales. Está elaborado por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, formada por consejeros ministeriales, personalidades y miembros de oenegés y sindicatos. El informe asegura que los gitanos sufren discriminación y pide "una legislación más adaptada" a sus necesidades.
