La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un informe lapidario sobre el uso de la violencia por parte de la policía y el Ejército chilenos durante las protestas que estallaron el 18 de octubre y que todavía sacuden al Gobierno de derechas. La comitiva detectó después de casi un mes de trabajo en ese país un «uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias».

Las conclusiones, señala el portal El Mostrador, son muy parecidas a las ya expuestas por Amnistía Internacional y HRW. Pero en este caso tienen un doble impacto político añadido: la ACNUDH está encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

El informe supone una dura sacudida para el presidente Sebastián Piñera, quien acaba de evitar milagrosamente una acusación constitucional del Congreso. Su primo y exministro del Interior, Andrés Chadwick, no tuvo la misma suerte y afrontará un juicio político por sus responsabilidades en la represión.

Para la ACNUDH, los Carabineros, la policía militarizada, «incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente». Hubo un uso «desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, usados a corta distancia». Las cifras en ese sentido son elocuentes: al menos 23 muertos y cientos de heridos, más de 200 de ellos con graves traumas oculares y pérdidas de un ojo. Se trata para la ACNUDH de números «alarmantes» y agravados por el hecho de la utilización por parte de los uniformados «de perdigones».

BREVE PERO ELOCUENTE / Buena parte de la sociedad chilena esperaba que la propia Bachelet tomara la palabra. La alta comisionada fue breve pero elocuente: «Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante».

Al igual que hizo con los anteriores informes internacionales, el Gobierno de Piñera relativizó las conclusiones de la oficina de las Naciones Unidas (ONU) y dijo que «en algunos casos» se denunciaron violaciones antes de que finalizaran «las investigaciones en curso» por parte de la justicia.