La posibilidad de que Israel y Hamás acaben ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por cometer crímenes de guerra durante la ofensiva militar en Gaza del invierno pasado sigue viva. Ayer, Israel y EEUU se quedaron casi solos al tratar de evitar que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución que da más tiempo a las partes para hacer investigaciones "independientes, creíbles y de acuerdo a estándares internacionales" de aquel conflicto, en el que murieron cerca de 1.400 palestinos y 13 israelís, y amenaza con "más acciones" si no se cumple.

Desde que en septiembre el juez surafricano Richard Goldstone presentó un demoledor informe sobre la guerra de 22 días, Israel ha tratado de aplacar los efectos de ese documento, incluso desprestigiando a Goldstone.

Ya en noviembre, Israel y Hamás (que también se enfrenta en el informe a acusaciones de eventuales crímenes contra la humanidad) recibieron instrucciones de la ONU de acometer investigaciones independientes de la contienda. La resolución aprobada entonces daba hasta el 5 de febrero y amenazaba con llevar el caso hasta el TPI si las investigaciones no eran creíbles.

Desde Palestina se afirma que cinco jueces y expertos legales han empezado sus trabajos. Y aunque Israel presentó un informe, fue del mismo Ejército, acusado de 36 posibles crímenes de guerra en Gaza por Goldstone, lo que le ha restado credibilidad.

Así, los países de la Liga Arabe empezaron a hacer circular una nueva resolución, la aprobada ayer, que establece que el secretario general de la ONU, Ban Kimoon, comparezca en un plazo cinco meses para informar sobre si las dos partes están cumpliendo con la resolución.

El texto --con 98 votos a favor, incluyendo el de España; 31 abstenciones y los votos en contra de Israel, EEUU, Canadá, Nauru, Panamá, Macedonia y Micronesia-- deja abierta la posibilidad a que otros cuerpos de la ONU emprendan más acciones.