Tras su detención e ingreso en prisión, el jueves, en Londres, Julian Assange se enfrenta ahora previsiblemente a un largo periplo judicial, con la demanda de extradición presentada por EEUU en el horizonte. De momento, sigue a la espera de que la justicia británica dicte la condena por haber violado la libertad condicional, un delito penado con hasta 12 meses de cárcel, aunque lo que ha hecho poner en guardia a las organizaciones de derechos humanos y a la ONU es su eventual entrega a la justicia estadounidense, que le acusa de «conspiración para cometer intrusión informática».

«Esperamos que las autoridades implicadas se aseguren de que el caso de Assange es tratado con el proceso debido y de acuerdo a su derecho a un juicio justo, también a la hora de cualquier extradición», señaló ayer la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Naciones Unidas ha puesto la lupa en la retirada de la inmunidad por parte de la Embajada de Ecuador en Londres -donde Assange estuvo siete años-, que propició su arresto. A juicio de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, la decisión del Gobierno de Quito ha puesto a Assange en riesgo de sufrir serias violaciones de derechos humanos.

PRÁCTICAS «PROBLEMÁTICAS» / La ONU también expresó ayer su inquietud por una posible extradición a EEUU por la presunta ayuda que el periodista prestó en el 2010 a Chelsea Manning para entrar en los ordenadores del Departamento de Defensa de EEUU.

Fuentes oficiales citadas por la CNN aseguraron el jueves que se está estudiando imputarle cargos adicionales. Según Nils Melzer, relator de Naciones Unidas sobre tortura, si finalmente es entregado a Washington, Assange «será expuesto a las prácticas de detención vigentes en EEUU», algunas de las cuales son «muy problemáticas», añadió. Mientras, la defensa de Assange se está preparando para un largo «combate» en los tribunales, que puede durar entre 18 meses y 10 años. El jefe del equipo de abogados, el exjuez Baltasar Garzón, consideró ayer desde Barcelona que no tendrá un juicio justo en EEUU, país que, a su juicio, «persigue políticamente» a quien mostró al mundo «las violaciones sistemáticas de derechos humanos» de este país.

No obstante, Garzón se mostró confiado en que el Reino Unido rechazará la extradición. «Va a ser difícil que la justicia británica acceda a unos cargos tan endebles y sobre todo con esa base netamente política», dijo antes de destacar es una flagrante contradicción que «se trate de perseguir a quien puso a disposición del mundo entero esas atrocidades y no se investiguen las propias atrocidades», en referencia a las prácticas del Ejército de EEUU en Irak y Afganistán denunciadas por Wikileaks. Este mismo argumento fue esgrimido por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, para pedir al Ejecutivo de Theresa May que se oponga a la entrega de Assange. Ayer se conoció el lugar en el que permanece detenido el periodista: la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.

La Fiscalía sueca, por su parte, ha dejado la puerta abierta a que se retome la causa contra el fundador de Wikileaks por presuntos delitos sexuales. La investigación, por la que Estocolmo también pedía la extradición de Assange, se cerró en mayo de 2017, ante la imposibilidad de hacerla avanzar con el activista refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.