Más de un año después de que magistrados y jueces en Pakistán se echaran a la calle exigiendo al entonces presidente Pervez Musharraf que respetara la legalidad constitucional, una protesta similar hace tambalearse de nuevo la estabilidad del país asiático. Las autoridades paquistanís ampliaron ayer la prohibición de celebrar manifestaciones públicas en varias regiones del país con el objeto de limitar el alcance de las marchas de protesta organizadas por abogados y activistas opositores contra el Gobierno. Las recientes redadas policiales contra manifestantes y magistrados se han saldado con un millar de personas detenidas, 400 de ellas solo en Punjab, feudo de la Liga Musulmana de Pakistán-N de Nauaz Sharif.

El origen de la nueva oleada de manifestaciones radica en la negativa del presidente del país, Asif Alí Zardari, viudo de la difunta líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Benazir Bhutto, a reinstaurar al exjefe del Tribunal Supremo, Iftijar Chaudhry, destituido por Musharraf en el 2007 durante la proclamación del estado de excepción. Además, el mes pasado, Zardari relevó al Gobierno de la provincia de Punjab, gobernado por el partido de Sharif, rival de Zardari, e impuso allí la administración directa del Gobierno central. La ancestral enemistad que se profesan Sharif y la saga Bhutto está haciendo añicos el capital político que ambos obtuvieron hace un año, cuando barrieron del Parlamento a las formaciones políticas pro-Musharraf en los comicios legislativos.

AMENAZA PARA EL PRESIDENTE El presidente Zardari considera a Chaudhry una amenaza para su propia posición, y teme que una vez restituido, pueda anular una amnistía que le concedió Musharraf a él y a su difunta esposa por corrupción. Sharif, en cambio, dice que no pretende derribar al Gobierno, "solo fortalecer la democracia". "Chaudhry debe ser restituido; la independencia del poder judicial debe ser restituida", exigió Sharif en la cadena televisiva GEO. Una de las caravanas, liderada por Sharif, salió de Karachi, en la provincia de Sindh, mientras que la segunda lo hizo desde Quetta, en Beluchistán. "Tras ver la forma en que nuestros abogados han sido golpeados y arrestados, hemos decidido que debíamos intensificar nuestra lucha", dijo el presidente de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo, Alí Ahmed Kurd, que encabeza el convoy de Quetta. El enviado especial de EEUU para Afganistán y Pakistán, Richard Hoolbroke, advirtió por teléfono a Zardari que la "inestabilidad" puede "hacer descarrilar la democracia".