El riesgo de colapso sanitario acecha a América Latina en el lugar que la vista suele soslayar por acto reflejo: las prisiones. Tres de los cinco países del mundo con tasas más altas de superpoblación carcelaria se encuentran en la región. Bolivia tiene una tasa de ocupación cercana al 360% y El Salvador un 348,2%. En Brasil hay 1.400 casos de tuberculosis por cada 100.000 prisioneros. El 55,5% de los encarcelados carece de atención médica. En cuanto a los argentinos, el 75,8% asegura que no tiene suficiente alimento. Es en ese universo disciplinario que el coronavirus amenaza con provocar estragos.

«La insalubridad y superpoblación en las cárceles y los centros de detención juvenil de la mayoría de los países generan las condiciones perfectas para que se produzcan brotes del covid-19 que podrían afectar gravemente la salud de los reclusos y de la población en general», advierte Human Rights Watch. «Las autoridades deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible», dice el director para las Américas de la oenegé, José Miguel Vivanco.

Rápida propagación

Human Rights Watch pidió a los gobiernos considerar alternativas a la privación de libertad en casos de personas con delitos leves o no violentos, y que no representen un riesgo de fuga. También pedía medidas especiales para los que trabajan para la comunidad durante el día, gente de edad avanzada, mujeres y niñas embarazadas, y también aquellos con enfermedades coronarias, diabetes, patologías pulmonares y sida.

El miedo a los contagios ya ha provocado una masiva fuga de prisioneros en Brasil y motines en centros penitenciarios de Argentina, Colombia y Venezuela. En los dos últimos casos, murieron 23 y 47 internos, respectivamente. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió de que «el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas» ya han permitido «la rápida propagación del covid-19 en muchas instalaciones».

Hace unos días, un grupo de jueces argentinos decidió que cientos de presos abandonen su celda y pasen al régimen de arresto domiciliario. La polémica medida provocó un fuerte malestar social contra el peronista Alberto Fernández. La senadora de ultraderecha Felicitas Beccar Varela acusó al Gobierno de llevar a cabo «un plan estratégico» que contempla la presencia de presos en las calles para expropiar el capital y nacionalizar empresas.

«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales», recordó Fernández, que calificó de malintencionada la propagación de noticias falsas en las redes sociales que provocaron estupor colectivo y no permitieron debatir de cara a la sociedad cómo evitar un potencial desastre sanitario.

«Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como las que vivimos, muestran su poca apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que, precisamente, más necesita ser contenida», se quejó el mandatario.