En Mónaco existen dos tabús: la vida privada de la familia Grimaldi y los negocios, a veces turbios, de algunos de sus residentes. Tras la muerte del príncipe Rainiero III, la prensa internacional descorrió los velos del segundo, y el ministro de Estado, el diplomático francés Patrick Leclercq, intervino públicamente para refutar las acusaciones de "blanqueo de dinero" que abundaban en la prensa de todo el mundo. Unas informaciones que calificó de "indignas".
"Las instituciones especializadas lo saben mejor que ciertos personajes que aprovechan cualquier circunstancia para escupir su veneno", afirmó Leclercq. El ministro recordó que el GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capital) retiró a Mónaco de la "lista gris" a principios del 2001. El problema es que Mónaco figura desde hace casi cinco años en la lista de paraísos fiscales "no cooperadores" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con Andorra, Liberia, Liechtenstein y las islas Marshall.
Informe francés
Esta lista fue publicada por primera vez a mediados del 2000, y reúne a los países que no dan garantías de transparencia fiscal. El pequeño Estado fue denunciado en esa época por informes oficiales franceses y por un informe internacional sobre blanqueo de dinero. El documento elaborado por el socialista Arnaud Montebourg definía a Mónaco como "uno de los países más hipócritas en la lucha contra el blanqueo de dinero". "La ley monegasca es una vitrina de lujo cuya trastienda acoge actividades menos brillantes", aseguró.
El informe de Montebourg acusaba a Mónaco de albergar un centro favorable al reciclaje de dinero sucio. De este servicio, escribió el socialista, "se benefician especialmente los delicuentes financieros". Un mecanismo que, según Montebourg, no sólo era "tolerado", sino que estaba bien "organizado" con el propósito de atraer fortunas al principado. El régimen fiscal monegasco permite a los ciudadanos y a ciertos residentes no pagar impuestos sobre la renta ni el patrimonio, una condición ideal para disimular fortunas.
"La ausencia de deontología bancaria rigurosa y la existencia de una legislación que garantiza el anonimato de las transacciones, un casino sin control y la escasa cooperación administrativa y judicial internacional hacen de Mónaco el lugar ideal para el blanqueo de dinero", concluía el informe. Según el estudio, los bancos del principado gestionaban 340.109 cuentas en 1998, de las cuales 112.988 estaban a nombre de particulares residentes en el principado, 18.692 a nombre de empresas y 206.975 --el 60,9%-- a nombre de no residentes. En Mónaco viven 30.000 personas.
Desde entonces, y gracias a la presión del Gobierno francés y de organismos como la OCDE, Mónaco ha hecho progresos enormes para cumplir con las exigencias del GAFI. Los atentados del 11-S también obligaron al principado a hacer ajustes. Pero ha sido su adhesión al Consejo de Europa, en el 2004, lo que ha obligado a las autoridades monegascas a tomar medidas para mejorar su imagen.
"Se puede decir que la cooperación internacional funciona ahora mucho mejor", reconoce un funcionario francés. El sumario abierto contra el hijo mayor del expresidente Fran§ois Mitterrand, Jean-Christophe, por su implicación en la venta ilícita de armas a Angola, es un buen ejemplo de ello. Mitterrand cobró comisiones a través de una agencia monegasca del Banco Rothschild y la justicia del principado hizo lo posible por facilitar la investigación.
Francia tampoco escatima amabilidad. En el 2000, por ejemplo, cuando el juez Jean Murciano procesó a André Palmero --administrador de la fortuna privada de Rainiero-- en un caso de tráfico de sellos por 35 millones de euros, la justicia francesa se avanzó a los deseos del soberano y archivó el caso.
Actualmente, las autoridades monegascas insisten en que la economía del principado "no se limita al sector bancario, que representa el 20% de su actividad económica". El comercio internacional, dicen, ya representa el 40%. Mónaco es también generoso con los menos afortunados: puesto que la población activa local es insuficiente, las empresas reclutan mano de obra fuera y dan trabajo a 40.000 "fronterizos".
