París apenas había digerido el golpe asestado a uno de los símbolos de la libertad de expresión cuando, a primera hora de la mañana, se producía un nuevo atentado en el sur de la capital francesa en el que resultó muerta una joven policía municipal. Aunque se descartó rápidamente la relación con el drama vivido la víspera en la redacción de Charlie Hebdo, un clima de psicosis se hizo palpable en la ciudad. Simultáneamente, un ingente operativo policial intentó dar caza a los dos sospechosos del asalto a los locales del semanario, Said y Chérif Kouachi, obligando a extender a la vecina región de Picardía la alerta de atentado del llamado plan Vigipirate.
La seguridad de todo el Hexágono fue reforzada con la movilización de 88.000 efectivos, 9.650 de los cuales están presentes en la región parisina. El Ministerio de Defensa añadió 400 hombres a este plan, entre ellos algunos paracaidistas, y sobre el cielo gris de la capital francesa sobrevolaron durante toda la jornada varios helicópteros. Las consignas ministeriales para extremar la precaución eran seguidas al milímetro en estaciones de tren, metro, aeropuertos, edificios públicos, representaciones diplomáticas, lugares turísticos y grandes centros comerciales.
En uno de los más emblemáticos, las Galerías Lafayette, en el bullicioso boulevard Haussman, eran mucho más numerosos que de costumbre los guardias de seguridad, lo que hacía pensar que no estaban allí solo porque enero es el mes de las rebajas. También el Ministerio de Educación envió circulares a los colegios para que se evitasen las salidas escolares mientras la amenaza de atentado siguiera pesando sobre la capital.
Más seguridad
Todas estas medidas podrían incrementarse en los días sucesivos si fuera necesario, según detalló ayer el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, en una comparencia ante la prensa. Además, prevé reunir a todos los prefectos de policía para revisar el dispositivo de seguridad de manera que esté operativo «en todo momento, en cualquier circunstancia y en todos los puntos del territorio nacional».
Frente a lo que calificó de una «amenaza excepcional», Cazeneuve verá igualmente a los representantes parlamentarios responsables de la lucha contra el terrorismo y este domingo ha convocado en París a sus colegas de los países de la Unión Europea más afectados por el terrorismo, así como al comisario europeo responsable de Interior, Dimitris Avramopoulos, el coordinador antiterrorista europeo, Gilles de Kerchove, y los secretario de Estado de EEUU de Justicia e Interior. El actual plan de vigilancia francés se remonta a 1978 y se puso en marcha por primera vez durante la guerra del Golfo, en 1991. Luego se instauró de forma permanente tras los atentados en el metro de París, en 1995.
El clima de tensión que vive el país tras el drama de Charlie Hebdo ha elevado también el tono del mensaje político del Frente Nacional, partidario de reforzar el «arsenal antiterrorista» por la vía legal. Marine Le Pen volvió a poner encima de la mesa la conveniencia de celebrar un referéndum sobre la pena de muerte para este tipo de delitos, propuesta que fue inmediatamente rechazada por la titular de Justicia, Christiane Taubira.
Otro antiguo responsable de Justicia y artífice de la abolición de la pena de muerte en Francia, Robert Badinter, lo decía con estas palabras en el diario Libération: «No son las leyes ni los estados de excepción los que defienden la libertad frente a sus enemigos. Estaríamos ante una trampa que la historia ya ha tendido a las democracias».
