La última ley antiterrorista propuesta por Tony Blair fue desechada por ilegal y discriminatoria. El nuevo proyecto otorga mayores poderes al Ministerio de Interior, en perjuicio de la autoridad judicial. Desde el propio Parlamento, la comisión conjunta de Derechos Humanos avisó ayer de que "no hay justificación" para dar a los políticos competencias tan "amplias", y "sin precedentes", en el control de los sospechosos de actividades terroristas.
La comisión cree que esta normativa podría, incluso, violar la Convención Europea de Derechos Humanos, y que es "una excéntrica interpretación de los diferentes poderes del Gobierno y los tribunales". El informe critica la rapidez con que se tramita la ley, "introducida deprisa y corriendo en el Parlamento, a una velocidad que impide cualquier análisis adecuado".
La ley de la discordia incluye una quincena de controles que permiten restringir las libertades de cualquiera que Interior considere como un terrorista potencial. Sin necesidad de pruebas ni autorización judicial, el sospechoso puede sufrir detención domiciliaria indefinida, ser obligado a llevar una pulsera electrónica o ver limitados sus desplazamientos. El uso del teléfono o internet y el contacto con otras personas también le pueden ser prohibidos.
Tras conocerse el dictamen, Blair se defendió diciendo que la seguridad ciudadana está por encima de las libertades cívicas. "Sólo estoy tratando de proteger la seguridad de nuestro país", declaró. Y sugirió que puede haber un compromiso con la oposición para otorgar mayor poder a los jueces, pero insistió en que las restricciones se mantendrán.
La ley aprobada el pasado miércoles en los Comunes volverá a la Cámara baja el lunes. La normativa pasará después a la Cámara de los Lores, donde será probablemente rechazada.
AVAL A LA GUERRA DE IRAK Mientras, Tony Blair rechazó ayer los nuevos llamamientos de quienes piden la publicación del informe del fiscal general, Peter Goldsmith, avalando la "legalidad" de la guerra de Irak. En el libro Un mundo sin ley , el abogado Phillipe Sands, que trabaja en el mismo despacho que Cherie Blair, afirma que Goldsmith advirtió a Blair el 7 de marzo del 2003 de que la guerra podía ser ilegal sin un segundo mandato de la ONU. Pero el 21 de marzo de ese año, Blair anunció en los Comunes que Goldsmith ratificaba la legalidad de la guerra.
