El Parlamento Europeo propinó ayer un severo rapapolvo al Gobierno italiano, pese a los esfuerzos del grupo popular por impedirlo. El pleno de la Eurocámara condenó por una amplia mayoría la política emprendida por el Ejecutivo de Silvio Berlusconi contra los gitanos y exigió a Italia que deje de tomar las huellas dactilares a la población de esta etnia.
La resolución, impulsada por los grupos socialista, liberal, verdes e izquierda unitaria, fue aprobada por 336 votos a favor, 220 en contra y 77 abstenciones. Una parte importante del grupo popular se abstuvo, mientras que la delegación española del PP votó en contra.
La resolución "insta a las autoridades italianas a que se abstengan de recopilar las huellas dactilares de la población gitana, menores incluidos". La Eurocámara señaló que esto "constituye claramente un acto de discriminación basado en la raza y el origen étnico, prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos" y supone además "un acto de discriminación entre los ciudadanos de la UE de origen gitano y los otros ciudadanos a los que no se somete a tales procedimientos".
Los diputados calificaron de "inadmisible" que con la excusa de proteger a los niños "se violen sus derechos fundamentales y se les criminalice". La Eurocámara subrayó que tales actos constituyen "una violación de la prohibición de la discriminación directa o indirecta, establecida en la directiva del 2000 sobre el principio de igualdad".
ESTADO DE EXCEPCION Los eurodiputados criticaron también la declaración del estado de excepción en las zonas de los campamentos gitanos y los poderes de excepción otorgados a los prefectos de la zona, en base a una legislación prevista para casos de catástrofes nacionales.
La Eurocámara reclamó a la Comisión Europea que "evalúe a fondo las medidas legislativas y ejecutivas adoptadas por el Gobierno italiano a fin de verificar su compatibilidad con los tratados de la UE y la legislación comunitaria".
BRUSELAS, CAUTA El comisario de Justicia y Seguridad, Jacques Barrot, se mostró muy prudente ante el Gobierno italiano en el pleno y se limitó a indicar que se mantendrá "vigilante" y que quiere conocer en detalle la finalidad de las medidas, el procedimiento de aplicación y la forma en que se guardarán los datos.
El Gobierno italiano reaccionó de inmediato con "indignación" y rechazó las acusaciones de racismo de la Eurocámara. El ministro de Exteriores y hasta hace poco comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, calificó la resolución de "voto político basado en prejuicios" y señaló que el Gobierno italiano debería haber tenido el derecho a expresarse en el hemiciclo antes de la votación. Frattini insistió en que "el voto del Parlamento Europeo es fruto del desconocimiento de la situación real".
