El Parlamento suizo ha aprobado una ley por la cual se crea un nuevo marco jurídico para que las autoridades puedan confiscar los fondos ilícitos de dictadores provenientes de países "frágiles" y posteriormente restituirlos al gobierno legítimo de dicha nación y no a la familia del expoliador.
El primer beneficiario de la nueva legislación aprobada por los diputados será Haití, que recibirá los 5,7 millones de dólares que duermen en arcas suizas tras ser confiscados a la familia Duvalier, dinastía informal que gobernó el país desde 1957 hasta 1986.
CASO DUVALIER
El pasado 3 de febrero, el Tribunal Federal helvético (TF) decidió rechazar una resolución previa de un tribunal penal, que permitía el envío a las autoridades haitianas de los 5,7 millones de dólares bloqueados en cuentas suizas que pertenecían al clan familiar Duvalier.
Los jueces del TF argumentaron que los hechos habían prescrito y que, por tanto, asumían como válida la reivindicación de la familia Duvalier de que se les devolviese el dinero.
No obstante, la potestad para desbloquear los fondos corresponde al Consejo Federal (gobierno) suizo, quien poco después de conocerse el veredicto decidió mantenerlos congelados, al tiempo que anunciaba una reforma legislativa para evitar en el futuro casos similares.
La nueva ley, aprobada hoy, solo se aplicará en caso de que no haya colaboración judicial entre Suiza y el país de origen de los fondos ilícitos, y siempre y cuando se determine que se trata de "un estado frágil" que no es capaz de hacer lo necesario para recuperar el dinero.
BLOQUEO DEL DINERO
En una primera etapa, el gobierno podrá bloquear el dinero, una decisión que podrá ser apelada ante el Tribunal Administrativo Federal (TAF), pero que no tendrá efecto suspensivo. El Consejo Federal tendrá un tiempo máximo de diez años para comenzar el proceso de restitución, dos lustros durante los cuales se podría llegar a una solución "transaccional".
Al mismo tiempo, el TAF deberá pronunciarse sobre la confiscación de los bienes y habrá presunción de carácter ilícito cuando el enriquecimiento del ostentador del dinero sea "exorbitante" o la corrupción "notoria". Si se decide finalmente por la restitución, esta se hará de manera que se asegure que el dinero será invertido en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país en cuestión, en reforzar el estado de derecho y en luchar contra la impunidad criminal.
Una vez finalizado el proceso, la Confederación Helvética o los cantones podrán recibir un 2,5% del valor confiscado para cubrir los gastos ocasionados por el caso. Por 108 a 50 la cámara baja ha rechazado que se investigue y se persiga a los intermediarios financieros de los bancos que han gestionado el dinero ilícito restituido.
