Las rondas de ciudadanos voluntarios para velar por la seguridad en las ciudades son operativas desde el martes, día en que el decreto ley del Gobierno de Silvio Berlusconi fue publicado en el BOE italiano. Pero la nueva norma ha disparado la alarma en la oposición y en las mismas filas de la mayoría conservadora.

La ley, prometida durante la pasada campaña electoral por el centroderecha para atajar una supuesta y general sensación de inseguridad en el país, permite de hecho la esponsorización, incluso económica, de las rondas por parte de personas físicas y jurídicas particulares.

Teóricamente, la norma no impide pues que un clan mafioso financie su ronda privada o que un gremio profesional haga lo propio; pero también que ciudadanos con malas intenciones chantajeen a un establecimiento público, solicitando financiación a cambio de protección.

"Hay que evitar a toda costa el riesgo gravísimo de una privatización de la seguridad", comentó ayer Giancarlo Galan, presidente por los conservadores de la región autónoma del Veneto (Venecia). El constitucionalista Stefano Merlin puntualizó que "no existen dudas sobre el hecho de que, tal como ha sido redactada, la norma abre la posibilidad de que las rondas gocen de financiación privada".

La ley en vigor prevé que "los alcaldes, de acuerdo con el gobernador civil, puedan usar la colaboración de asociaciones de ciudadanos no armados". La norma señala que "prioritariamente" las rondas deberán estar integradas por agentes del orden jubilados o retirados.