Las ejecuciones se redujeron prácticamente en una tercera parte durante el año pasado, según el informe anual que elabora Amnistía Internacional. La cifra supone el registro más bajo de los últimos 10 años en lo que se refiere a la pena de muerte. Las estadísticas, no obstante, no incluyen las sentencias de muerte en China, cuyas cifras siguen catalogadas como secretos de Estado, si bien se presume que alcanzan varios miles de casos. Tampoco contribuyen a la mejora de los registros un pequeño grupo de países en los que las ejecuciones se han incrementado, a los que hay que sumar los estados que han decidido añadirse a tan macabra causa.
"Este drástico descenso demuestra que, incluso en los países más insospechados, están comenzado a cambiar sus prácticas y darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución", ha expuesto el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo. Entre esos estados figura Irán, que experimentó una caída del 50% "coincidiendo con la reforma de su legislación antidrogas", según el análisis, que también destaca los casos de Irak, Pakistán y Somalia. En consecuencia, las ejecuciones oficialmente identificadas pasaron de las 993 en el 2017 a las 690 (como mínimo) del año pasado.
"Es una señal esperanzadora que indica que es solo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado en un rincón de la Historia, que es donde debe estar", ha subrayado Naidoo. Sus palabras encuentran coartada ante la constatación de que se están empleando medidas efectivas para poner fin a este tipo de castigo. El informe destaca los casos de Burkina Faso, que el pasado junio abolió la pena capital a través de su Código Penal, así como Gambia y Malasia, "que declararon sendas moratorias", y también del estado de Washington, que declaró inconstitucional la pena de muerte.
También se constató esta dinámica el pasado diciembre, en la Asamblea General de la ONU, en la que 121 países votaron a favor de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo, frente a los 35 miembros que se posicionaron en contra, un balance tan esperanzador como inédito. A finales del año pasado, 106 países abolieron por ley la pena de muerte para todos los delitos y 142 la habían erradicado por ley o a efectos prácticos, según establece el análisis.
RETOS PENDIENTES
Sin embargo, el informe también destaca los retos que quedan pendientes en países que han enfilado la senda de las ejecuciones para aplacar justicia entre su población. Es el caso de Tailandia, que aplica la pena capital desde el 2009, y de Sri Lanka, que incluso ha publicado anuncios de empleo para verdugos después de que su presidente, Maithripala Sirisena, expusiera su voluntad de reanudar las ejecuciones de pena de muerte tras una pausa de cuatro décadas.
A estos países hay que sumar otros en los que esta práctica está implantada desde hace muchos años, como Bielorrusia, EEUU, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Estos tres últimos países registraron los niveles más altos de ejecuciones. Sin embargo, China, con miles de casos, continuó siendo el principal Estado ejecutor, por delante de Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Irak (al menos 52). A pesar de todo, Naidoo deja claro que el reto sigue siendo mayúsculo: "Más de 19.000 personas se consumen a día de hoy en el corredor de la muerte. La lucha está lejos de acabar".
