El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini, ha dicho hoy que está "fuertemente desconcertado y sorprendido" por la posición adoptada por la ONU, que ha pedido al Ejecutivo de Italia que revise el proyecto de la ley sobre escuchas telefónicas, conocida como "ley mordaza".
Frattini ha observado ante la prensa que "hay que leer las propuestas legislativas antes de hacer intervenciones de este tipo", al margen de su participación en el Fórum Económico y Financiero por el Mediterráneo que se celebra estos días en Milán, en el norte de Italia.
'NADIE PUEDE INTERFERIR'
Asimismo, ha subrayado que "en un Estado democrático y liberal, como es el caso de Italia, el Parlamento soberano decide sobre las propuestas en tramitación y nadie puede ni debe interferir. En todos los países liberales y democráticos no está permitido a la fiscalía que divulgue, antes de la sentencia definitiva, elementos de la investigación que deben permanecer secretos, por la simple razón de que, en democracia, se tutelan también los derechos de los indagados -y ha agregado que- el proceso mediático es una barbarie, no un principio de derecho".
Las declaraciones de Frattini llegan después de que el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, haya instado a Italia a que derogue o revise la "ley mordaza", que limita el uso y difusión de las escuchas telefónicas de las investigaciones oficiales.
SANCIONES POR LA PUBLICACIÓN DE ESCUCHAS
La norma prevé, entre otros aspectos, condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publiquen las escuchas durante las investigaciones.
La Rue ha alertado de que dicho proyecto de ley, "en el caso de que se apruebe en su formato actual, puede minar el disfrute del derecho de la libertad de expresión en Italia".
La "ley mordaza" ha levantado una gran polémica en Italia y desde que se inició su tramitación ha recibido las fuertes críticas de la oposición y de la prensa.
La norma ya fue avalada por el Senado el pasado 10 de junio y pasará al pleno de la Cámara de los Diputados el próximo 29 de julio para su debate definitivo.
