El dictador chileno Augusto Pinochet no tuvo ayer demasiado tiempo para el festejo. Mientras le informaban de que el Tribunal de Apelaciones de Santiago anulaba la orden del juez Juan Guzmán de procesarlo por la desaparición de nueve personas en el marco de la operación Cóndor, otra sala del mismo tribunal le levantó la inmunidad y lo puso a las puertas de un nuevo juicio, esta vez por un millonario fraude fiscal, corrupción y falsificación de documentos públicos.

APELACION AL SUPREMO Los acusadores de Pinochet en la causa de la operación Cóndor se proponen apelar ante el Supremo la decisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Santiago, que, aduciendo motivos de salud, dejó sin efecto todas las actuaciones de Guzmán.

En opinión del abogado querellante Eduardo Contreras, se trata de "un hecho extraordinariamente grave". Según Contreras, a los jueces del Tribunal de Apelaciones "no les parece permisible que Pinochet sea un ladrón, pero les importa que sea un asesino: millones de dólares valen mucho más que la sangre de los que cayeron por la operación Cóndor".

Guzmán, ahora jubilado, consideró a Pinochet autor de nueve secuestros (desapariciones) y de un homicidio calificado. Guzmán mantuvo bajo arresto domiciliario a Pinochet durante nueve días en enero pasado. En sus memorias, de reciente aparición, el magistrado dejó entrever que el poder político de su país acepta que sean juzgados todos los militares de la dictadura menos Pinochet.

Tres horas antes del fallo, el plenario del Tribunal de Apelaciones aceptó por amplia mayoría la petición de desafuero de Pinochet formulada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

LAS CUENTAS SECRETAS La posibilidad de llevar a Pinochet a los tribunales por enriquecimiento ilícito se hizo mayor desde el momento en que se conocieron sus 128 cuentas secretas en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades, a las que éste accedía bajo el nombre supuesto de Daniel López.

El juez Sergio Muñoz, que también investiga el tema, determinó que la fortuna injustificada de Pinochet asciende a 17 millones de dólares (más de 14 millones de euros o más de 2.300 millones de pesetas).

La defensa anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo. En caso de que sea sometido a juicio y condenado, el general, de 89 años, deberá enfrentarse a penas hasta de cinco años de cárcel sólo por el delito de evasión fiscal.