El Gobierno italiano argumenta que el reparto de escaños en el Parlamento Europeo debe basarse en los ciudadanos nacionales de cada país, que son quienes tienen realmente el derecho a voto. Italia, con menor proporción de inmigrantes, rechaza que el reparto se haya hecho en función de la población total (incluyendo los inmigrantes). Pero hasta ahora, todas las decisiones de la Unión Europea, incluido el crucial reparto de fondos y de aportaciones al presupuesto comunitario, se realizan en base a la población total.