El ministro de Trabajo francés, Eric Woerth, declaró ayer durante más de siete horas como testigo en su propio despacho ante los policías de la Brigada Financiera y negó todas las posibles acusaciones respecto al escándalo de la millonaria Lilianne Bettencourt, según manifestó después su abogado, Jean-Yves Leborgne. En una deferencia hecha al ministro por parte de los agentes judiciales al desplazarse expresamente al ministerio, los policías le interrogaron sobre una hipotética financiación ilegal, en la campaña del 2007, de la Unión por un Movimiento Popular, partido del cual Woerth era hasta hace poco tesorero.
También le preguntaron sobre el conflicto de intereses que pudo haber existido ya que su mujer, Florence, trabajó inmediatamente después en la gestión del patrimonio de Bettencourt, y acerca de la falta de control de esta fortuna en Suiza y las islas Seychelles cuando Woerth era ministro de Hacienda.
"El ministro ahuyentó todas las sospechas de conflicto de intereses y financiación ilegal", aseguró el abogado Leborgne tras esta declaración, que empezó antes de las nueve de la mañana y terminó después de las cuatro de la tarde, con una pequeña pausa en medio para almorzar. "Si la audiencia ha durado tanto tiempo, es porque Eric Woerth quería dar todas las explicaciones necesarias", precisó el jurista.
En este sentido, y según Leborgne, Woerth le dijo a los policías que nunca tuvo en su poder la suma de 150.000 euros para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy, llevada a cabo en el 2007.
"Con un vigor y una energía especiales, ha negado que haya recibido cualquier cantidad de financiación política contraria a la ley", no dudó en afirmar el abogado que, acto seguido, recordó que la reunión, el 19 de enero del 2007 entre su cliente y el gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre, se debió a que "Maistre quería participar en la campaña y Woerth era uno de los que la animaban".
LA ACUSACION POLITICA En estos momentos, el caso está en manos del fiscal de Nanterre, Philippe Courroye, a quien la oposición política acusa de evitar que pueda pasar a manos de un juez de instrucción y, por tanto, llegar a imputar a un ministro como Woerth, que en otoño debe defender la reforma de las pensiones.
