Un informe oficial del Consejo de Europa señala la existencia en Polonia y Rumanía de centros de detención secretos gestionados por la CIA estadounidense y acusa a la OTAN de laxismo y de haber dado permisos "secretos" que permitieron varias operaciones ilegales.
El parlamentario suizo de la Asamblea del Consejo de Europa Dick Marty presentó hoy un informe con sus pesquisas en el que también sugiere la existencia de posibles centros secretos en el Reino Unido y Tailandia y acusa a Alemania, Italia y Macedonia de dificultar investigaciones parlamentarias y judiciales.
Marty presentó hoy su informe ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea, un año después de haber hecho público un documento que apuntaba la existencia de una red de traslados ilegales de presuntos terroristas en vuelos organizados por la CIA a centros de detención secretos.
En esa "telaraña" de aeropuertos estaban implicados catorce países europeos, según aquel texto. La segunda parte de su trabajo se ha centrado en el estudio de cárceles secretas en las que la inteligencia estadounidense habría llevado, previo secuestro, a sospechosos de dirigir o planificar actividades terroristas.
El propio presidente estadounidense, George W. Bush, admitió en septiembre pasado la existencia de un programa de detenciones en cárceles secretas de la CIA, y lo calificó de "inestimable" para mejorar la seguridad de su país y sus aliados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Seis organizaciones pro derechos humanos han asegurado que al menos 39 personas detenidas en el marco de ese programa continúan desaparecidas.
El informe de Marty no precisa una cifra de secuestrados y detenidos en centros secretos y apunta la existencia de "numerosas personas", sometidas a tratos "degradantes" que son "una forma de tortura" física y psíquica.
"La estrategia ha sido deseada y puesta en practica por el actual Gobierno de EEUU, pero sólo ha sido posible gracias a la colaboración de numerosos países aliados", según el texto.
Confirma que entre 2003 y 2005 la CIA gestionó "directa y exclusivamente" centros secretos de detención en Polonia y Rumanía, países elegidos por ser "económicamente vulnerables y que salían de difíciles períodos de transición".
Entre las personas que conocían las operaciones cita, en Polonia, al presidente, Aleksander Kwasniewski, y el ministro de Defensa, Jerzy Szmajdzinski, entre otros.
En Rumanía estaban al tanto el ex presidente Ion Iliescu, al actual jefe del Estado, Traian Basescu, y el ministro de Defensa Ioan Mircea Pascu.
Asimismo, el ponente suizo dice haber recibido "informaciones serias" sobre el uso por la CIA de centros en la isla británica de Diego García, en el océano Indico, así como en Tailandia.
"Pero no hay análisis suficientes para llegar a conclusiones definitivas en este informe", matiza. El informe subraya la responsabilidad de la Alianza Atlántica en estas operaciones, ya que apunta que sus miembros han aceptado condiciones "laxistas, por no decir ilegales".
En concreto, recuerda que tras el 11-S, fue invocado por primera vez el artículo 5 del Tratado de la OTAN, por el cual se establece la solidaridad de todos ante el ataque a uno de los miembros.
El 4 de octubre de 2001 los aliados adoptaron varias medidas que, a juicio de Marty, fueron "una plataforma a partir de la cual la CIA ha obtenido el permiso y protección básicas que necesitaba para sus acciones secretas".
Menciona la cesión de "ciertos medios necesarios para apoyar las acciones contra el terrorismo", así como "las autorizaciones de vuelo por aviones de EEUU en esas operaciones" y la garantía de "acceso a puertos y aeropuertos en países de la OTAN".
Sin embargo, Marty está convencido de que la autorización de la OTAN "incluía elementos suplementarios que han permanecido secretos".
En sus pesquisas ha pedido informaciones a la Alianza sobre el alcance de la autorización y su aplicación, pero no ha habido respuesta y constata que un obstáculo "formidable" es "el régimen de secreto y de seguridad de las informaciones" que aplica la OTAN.
En su trabajo Marty y sus colaboradores han contado con una treintena de fuentes, tanto europeas como estadounidenses, y varias procedentes de los servicios secretos, pero no da nombres ya que todas hablaron con el compromiso de una "confidencialidad estricta".
Aunque consciente de la gravedad de la amenaza terrorista, el informe señala que "el fin no justifica los medios. No puede ser un pretexto para provocar reacciones racistas o xenófobas".
Así, la corriente de simpatía y solidaridad con EEUU tras el 11-S "se ha transformado en incomprensión y hostilidad, al tiempo que ha dado un sentimiento de legitimidad al extremismo islámico".
