Emmanuel Macron se encuentra frente a una contradicción: mientras a lo largo de las últimas semanas el presidente francés se ha convertido en el alférez de la libertad de expresión con su férrea defensa de las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma, periodistas y organizaciones de derechos humanos acusan al mandatario de liderar una ofensiva contra esta misma libertad. En el centro de la polémica aparece su proyecto de ley de seguridad global, destinado a "proteger a los que nos protegen" limitando la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas del orden.

Según el artículo 24 del contestado texto, la norma permitiría al Gobierno multar la difusión, "a través de cualquier medio o soporte", de una "imagen del rostro o de cualquier otro elemento de identificación de un agente durante una operación policial". De probarse que dichas imágenes se publicaron con el objetivo de "dañar la integridad física o psíquica" de los policías o gendarmes, los infractores podrían ser sancionados con hasta 45.000 euros de multa y condenados a un año de prisión.

"Hice una promesa: impedir la difusión de imágenes de policías y gendarmes en las redes esta promesa se cumplirá, ya que la ley prohibirá su emisión", lanzó el ministro del Interior, Gérard Darmanin, el pasado 2 de noviembre en el plató de BFMTV. En principio, la normativa tendría como objetivo proteger a las fuerzas del orden de eventuales agresiones y "en ningún caso se trataría de impedir a los periodistas trabajar" o de limitar "el derecho de informar de los periodistas o de los ciudadanos", explican los redactores del proyecto.

La libertad de expresión en peligro

Sin embargo, este razonamiento no convence a los medios de comunicación franceses, que denuncian un ataque en toda regla a un derecho democrático: la libertad de expresión. "En todas las democracias del mundo, los ciudadanos han conquistado la libertad de expresión. Esto incluye el derecho a testificar sobre las infracciones, incluso aquellas cometidas por funcionarios públicos, siempre que no se viole su dignidad o el secreto de una investigación Este derecho fundamental es cuestionado por el proyecto de ley de seguridad global, escribió el diario Le Monde en su editorial del pasado 7 de noviembre.

Como el periódico Le Monde, el grueso de los medios galos ha condenado con firmeza la iniciativa gubernamental. Este mismo martes, la Asamblea Nacional inició la revisión del polémico texto legislativo. Al mismo tiempo, un millar de personas se dieron cita a las afueras del edificio para protestar contra la nueva disposición. La protesta acabó con varios altercados entre los manifestantes y las fuerzas del orden. En total 33 personas fueron detenidas, entre ellas dos periodistas que habrían sido arrestados por grabar a la policía durante su intervención, a pesar de mostrar sus credenciales a los agentes. Además, "al menos seis reporteros de imágenes fueron agredidos, incluyendo golpes con porras otras dos personas fueron amenazadas con ser detenidas y se les impidió realizar su trabajo con el pretexto de que no habían sido acreditadas por la prefectura antes de cubrir una manifestación en la vía pública", denuncian los sindicatos de periodistas en una petición conjunta que prevé ya una nueva jornada de movilización.

Para la prensa, la intervención policial a las puertas de la Asamblea Nacional es un mal augurio. "En pocas horas, durante una manifestación para protestar contra este texto, los periodistas fueron intimidados verbalmente, se les impidió hacer su trabajo Este laisser-aller policial se vio agravado por las palabras del ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien expresó su deseo de que los periodistas acudan ahora a las autoridades antes de cubrir una manifestación", advirtió Le Monde. Las eventuales derivas de la normativa, que por ahora no es más que un proyecto, son evidentes.

La violencia policial, en el punto de mira

"Aunque el riesgo de condena de periodistas sobre el fundamento de este texto es débil", según Reporteros sin Fronteras, la norma podría tener "un efecto disuasorio en el conjunto de la profesión incitando a la autocensura". Sin olvidar, que la "intención" de "dañar la imagen de las fuerzas del orden" está "sujeta a una interpretación difícil de caracterizar", alerta la organización", quien también señala que cualquier periodista podría ser detenido durante la grabación de imágenes en directo.

Las imágenes y vídeos de las cargas policiales son elementos esenciales del trabajo periodístico a la hora de probar y denunciar la violencia policial. A título de ejemplo, la estrategia de las fuerzas del orden durante la movilización de los chalecos amarillos, se tradujo en cientos de manifestantes heridos, algunos de ellos perdieron incluso un ojo o una mano. Gracias a los vídeos de periodistas y ciudadanos de a pie, fue posible documentar los excesos cometidos por los agentes durante las cargas policiales.

Una herramienta de control democrático

Tres relatores de Naciones Unidas, movilizados por el Consejo de Derechos Humanos, estiman en un informe redactado el 12 de noviembre, que "el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden" debe ser documentado. Para los expertos, no hay lugar a dudas: "la publicación de imágenes y grabaciones de intervenciones policiales no sólo son esenciales para el respeto del derecho a la información, sino que también son legítimas en el contexto del control democrático de las instituciones públicas Su ausencia podría impedir que se documentaran posibles abusos del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes durante las manifestaciones públicas", alertan.

Ante la oleada de críticas, el ministro del Interior ha prometido "retocar" el artículo 24 para "garantizar el derecho de prensa". Se trataría de incluir un nuevo párrafo que haría referencia al "interés legítimo del público a ser informado". Por ahora, el anuncio no ha conseguido calmar los ánimos, los sindicatos de periodistas mantienen su jornada de movilización que tendrá lugar este sábado en toda Francia.