Propietarios palestinos cuyas tierras fueron ocupadas por colonos judíos para establecer un asentamiento en el norte de Cisjordania serían indemnizadospor el Estado israelí con más de 10 millones de dólares (6,8 millones de euros), informa hoy el diario Haaretz. Se trata de 20 familias a las que se les expropiaron tierras para la fundación del asentamiento Jómesh, desmantelado en 2005 junto con otros tres de Cisjordania y los 21 de la franja de Gaza, según el plan de la "desconexión" del ex primer ministro Ariel Sharón.
Los propietarios exigen compensación por los años en que se vieron privados de usufructuar sus tierras, y la devolución de éstas, indica el rotativo de Tel Aviv, y la tendencia por parte del Estado es que serán satisfechas sus exigencias. Las tratativas se llevan a cabo al margen de tribunales para que cualquier acuerdo en ese sentido no sirva como precedente para otros casos en que, generalmente alegando "razones de seguridad", fueron confiscados terrenos palestinos para los asentamientos.
La demanda de los propietarios, que rechazaron una indemnización que se les ofreció al expropiarles las tierras, se ventila ahora en las oficinas de la Administración Civil en Cisjordania, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel. Tras la violenta evacuación de ese asentamiento, los colonos intentaron en varias ocasiones volver a reconstruirlo pero fuerzas del Ejército israelí lo impidieron por orden del Gobierno.
Se trata del primer caso en que campesinos palestinos, que generalmente recurren al Tribunal Superior de Justicia, serán recompensadospor no haber podido usufructuar de sus tierras, además de recuperarlas, si prosperan las negociaciones. Al ser elevadas las posibilidades de que ese Tribunal ordene al estado pagarle una indemnización,un asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Mike Glas, aconsejó llegar con esos propietarios a un arreglo extrajudicial para no sentar un precedente.
Según el diario, los damnificados se abstuvieron hasta ahora de recurrir a la justicia israelí para cobrar por el usufructo de sus tierras ante el temor a ser vistos como colaboracionistas, es decir, como arrendadores de esas tierras para los colonos. Según la legislación de la Autoridad Palestina (ANP), los palestinos tienen prohibido arrendar o vender tierras a los israelíes, delito que puede justificar la pena de muerte. De momento, la discusión está centrada en cuál de los ministerios del Gobierno debe compensar a los palestinos, aunque Haaretz señala que lo más probable es que lo haga el Ministerio de Defensa.
