El Gobierno de Romano Prodi retiró ayer un discutido decreto ley sobre la expulsión de ciudadanos especialmente "peligrosos" procedentes de la UE, conocido como una norma antirrumanos. El decreto fue presentado el 31 de octubre, tras el asesinato de una mujer italiana a manos de un ciudadano de ese país.
El texto contenía un error jurídico e iba acompañado de una norma contra la discriminación racial, religiosa y sexual que habría favorecido el matrimonio entre homosexuales, a lo que se oponen los católicos de la coalición progresista. El decreto debía ser transformado en ley antes del 31 de este mes.
Vannino Chiti, ministro de Relaciones con el Parlamento, anunció que antes de fin de año el Ejecutivo presentará otro decreto, que corregirá el error. Así se impedirá la vuelta a Italia de los 200 rumanos expulsados desde octubre.
