Las autoridades anunciaron hoy la decisión de prohibir las manifestaciones convocadas por la opositora Reagrupación Constitucional Democrática (RCD) para reclamar un cambio de régimen y previstas para el sábado en Argel y Orán, la segunda ciudad del país. El ministro argelino de Interior, Dahou Uld Kablia, señaló respecto a la convocatoria en la capital del país que la protesta no había sido autorizada por motivos de seguridad pública. "Hay imperativos de seguridad. Las manifestaciones en Argel corren el riesgo de crear desorden", declaró a la prensa el titular de Interior, quien añadió que esos "imperativos" se refieren tanto a la seguridad de los propios participantes como a la protección de la ciudad "contra toda amenaza terrorista". El ministro aseguró que no era la situación de estado de excepción -cancelado el pasado 24 de febrero por el presidente Abdelaziz Buteflika, tras estar vigente 19 años- la que prohibía las manifestaciones en la capital, sino otra disposición legal. Según el Gobierno argelino, las concentraciones callejeras en la capital no se permiten desde una manifestación de protesta de militantes bereberes en junio de 2001, aunque la oposición y varios medios argelinos consideran que no existe ninguna ordenanza gubernativa ni legal sobre esa prohibición, que consideran anticonstitucional. Uld Kablia precisó que en el resto de todas las otras provincias del país las manifestaciones se permiten con la condición de obtener una autorización de la Administración local. Esa es la autorización precisamente que hoy no ha obtenido la convocatoria del RCD en Orán. Los convocantes de la manifestación han decidido, sin embargo, "continuar con su lucha" y consideran que la prohibición "no atiende a ninguna lógica actual, ya que el estado de excepción ha sido levantado". El RCD pretende organizar tres manifestaciones con recorridos diferentes el próximo sábado en Argel mientras que en Orán ha organizado una sola marcha de protesta. El pasado sábado una manifestación en la calles de la capital argelina en demanda de la salida del poder de Buteflika y del cambio de régimen fue impedida por cientos de policías. Otras dos convocatorias de protesta, el 12 y el 19 de febrero, organizadas por la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Democracia (CNCD), que agrupa partidos opositores y asociaciones civiles, fueron impedidas igualmente por un impresionante dispositivo policial. Hoy también fue impedida la concentración semanal habitual de los familiares de desaparecidos ante la sede de la comisión estatal de protección de los derechos humanos en Argel. Desde hace años, los familiares de los desaparecidos intentan reunirse los miércoles frente a esa sede para reclamar "la verdad" sobre las desapariciones registradas en la sangrienta década los noventa. "El asunto de los desaparecidos no está cerrado, el combate no ha finalizado y no lo será hasta que no se sepa toda la verdad y se haga justicia" reiteraron hoy los allegados de los desaparecidos en un comunicado. El Gobierno argelino ha reconocido la veracidad de las desapariciones, pero sin admitir si algunas de ellas fueron cometidas por los servicios de seguridad como sostienen los familiares. Una de las disposiciones de la carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, promovida por Buteflika, y ratificada en referéndum en septiembre de 2005, compromete al Estado a indemnizar a las familias.