Trece días es lo que ha durado el debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de reforma de las pensiones que ha provocado en Francia el conflicto social más largo desde mayo del 68. El primer ministro, Edouard Philippe, anunció el pasado sábado por sorpresa que usaría el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el texto sin someterlo al voto de la Cámara, argumentando la imposibilidad de avanzar en el examen del texto por la «obstrucción parlamentaria» de los grupos de oposición, que han presentado más de 40.000 enmiendas.
Al recurrir al decreto, el Gobierno y el propio presidente, Emmanuel Macron, se han echado encima a la opinión pública y a la oposición, que ha logrado en las 24 horas que el reglamento le daba para ello presentar dos mociones de censura. Las dos se debatieron ayer en la Asamblea sin peligro alguno para el Ejecutivo, ya que tiene una cómoda mayoría en el hemiciclo. Se espera que el texto se aprobará en primera lectura en la Asamblea y seguirá luego su curso en el Senado.
Las centrales sindicales convocaron a toda prisa una nueva jornada de protestas y aunque las manifestaciones no fueron masivas quienes salieron a las calles no se callarán fácilmente.
