Habla en susurros. Los ojos se le encogen. Las venas le laten en el cuello. Y finalmente se quiebra cuando se le pregunta por las torturas que ha vivido en un centro de detención en Libia. «A los que no podíamos pagar (la extorsión exigida por los milicianos) nos pegaban con tubos de hierro o nos cubrían el cuerpo con azúcar y nos ataban a unos palos a la intemperie, desde muy temprano hasta la medianoche, para provocarnos quemaduras de sol y que los insectos nos atacaran», dice la somalí Jamila en el centro de tránsito para solicitantes de asilo de Hamdallaye.
Han pasado casi tres años desde que Jamila huyó de los Al Shabab. El grupo yihadista somalí había asesinado a su cuñado y amenazado a su marido. Así que un día, recuerda la mujer (nombre ficticio por motivos de seguridad), emprendió la ruta partiendo de la ciudad de Kismayo, en la sureña región de Jubaland, con destino a Libia. Allí, después de ser violada y sujeta a vejaciones de todo tipo en las prisiones ilegales de las milicias libias, y tras un intento de cruzar el Mediterráneo repelido por los guardacostas del país, el destino de Jamila se cruzó con operadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Ellos fueron quienes, al oír la historia de Jamila, la incluyeron en el Emergency Evacuation Transit Mechanism, un programa de evacuación cofinanciado por la UE y en el que también colaboran la Organización Internacional de Migraciones y oenegés locales. En tiempos de guerra en Libia y políticas insolidarias en Europa, el ETM ha sido la respuesta de la ONU a una crisis apremiante para evacuar rápidamente de Libia a los solicitantes de asilo más vulnerables y enviarlos a Níger antes de su reubicación final en un país seguro, en Europa o Norteamérica.
Atrapados en Libia
El mecanismo ha funcionado, pero a medio gas. Solo un total de 1.336 solicitantes de asilo político han logrado hasta la fecha alcanzar un país seguro. El resto se ha quedado en una especie de purgatorio. Más de 1.400 ya evacuados a Níger están en casas protegidas en Niamey y en el campamento de Hamdallaye. Mientras que otros 4.000 han sido incluidos en el programa de evacuación pero aún están atrapados en cárceles en Libia. Son los considerados más en riesgo de una población de solicitantes de asilo que, según la ONU, suman 57.000 personas en Libia.
Ahmed Roble cuenta que abandonó su país, Etiopía, tras las protestas estudiantiles del 2016, y que también intentóhuir por el Mediterráneo, pero fue capturado por los guardacostas libios. Ahora, ya libre, cuenta que sus días transcurren con lentitud. «¿Qué hago todo el día? Me despierto, almuerzo con mi esposa y aguardo. No hago mucho más», explica. La espera oscila entre seis y nueve meses, aunque hay casos que ya llevan un año sin saber cuándo se irán.
