"Les pido, queridos amigos, que expresen su voz; cada voto es el más importante". Con estas palabras, pronunciadas este martes durante una nueva intervención televisada, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha instado a los ciudadanos a acudir a las urnas para aprobar la reforma constitucional que le mantendrá al frente del país a voluntad. Dado que el resultado favorable a la propuesta legislativa se da por descontado, el éxito de la consulta se medirá por la participación ciudadana en la consulta, en especial por el aspecto que ofrezcan los colegios electorales y la consistencia y amplitud de las denuncias de fraude.

En una entrevista con The Moscow Times, Grigori Melkonyants, al frente de 'Golos', la principal organización de Rusia especializada en la observación de procesos electorales, ha descrito esta consulta eletoral como la "menos transparente" que ha tenido lugar desde la desintegración de la URSS. En especial, en la prensa independiente han arreciado denuncias de presiones sobre los denominados biudzheniki, todos aquellos cuyo salario depende del Estado, incluyendo funcionarios de la administración, personal de los hospitales públicos, maestros de escuelas y universidades...

SONDEOS Y PARTICIPACIÓN

Cuando aún no se han cerrado los colegios electorales, ya circulan cifras de participación e incluso sondeos a pie de urna, cuya difusión ha sido considerada de acorde con la ley por la Comisión Electoral Central, presidida por Ella Pamfílova. Según datos oficiales, hace unos días había votado un 40% del electorado y, de acuerdo con un sondeo a pie de urna realizado por VTsIOM, un intituto estatal de sondeos, el 76% de los votantes había dado su visto bueno a la propuesta.

Además de permitir a Putin poner a cero el contador de sus mandatos presidenciales, permitiéndole, si es esa su voluntad, presentarse como candidato en otras dos ocasiones, la nueva Constitución define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y establece la primacía del Tribunal Constitucional ruso sobre los dictámenes de cualquier institución judicial supranacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El paquete de enmiendas es completado con propuestas atractivas para la ciudadanía, como la indexación de las pensiones y la obligatoriedad de que el salario mínimo se halle por encima del umbral de la pobreza.