+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

Ratificada la condena a Lula

Algunos criminalistas no descartan que el expresidente sea encarcelado a medio plazo. Un tribunal desestima la apelación, sube la pena a 12 años y encarrila su inhabilitación como candidato

 

ABEL GILBERT
25/01/2018

En la vista de apelación, el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó por unanimidad la condena contra el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, e incrementó la pena de los nueve años y medio a que había sido inicialmente sentenciado a 12 años y un mes. Esta sentencia puede acabar inhabilitándolo e impedir que pueda presentarse a las presidenciales de octubre si no prosperan en los próximos meses los recursos que presentará. Algunos criminalistas no descartan que el exmandatario sea encarcelado a medio plazo.

El juez Sergio Moro había sentenciado a Lula en primera instancia por haber recibido un apartamento en el balneario paulista de Guarujá de parte de una constructora, de nombre OAS, a cambio de presuntos beneficios. João Pedro Gebran Neto, Leando Paulsen y Victor Laus, los tres jueces del tribunal de Porto Alegre, no solo se pronunciaron ayer a favor de la ratificación de la pena sino que la aumentaron en tres años. Gebran Neto, quien nunca ocultó sus afinidades con el juez Moro, consideró a Lula garante del esquema de corrupción que funcionó en la petrolera estatal Petrobras. Aseguró, contra lo esgrimido por la defensa del exsindicalista, que sí hay pruebas para incriminar al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) aunque «no se exige la participación activa de Lula en cada uno de los contratos» sujetos a revisión judicial. Las pruebas, señaló, son indirectas. Pero los indicios tienen, en este caso, «igual envergadura» que una evidencia constatada.

Agravante / Paulsen puso el acentro en el agravante de que se trata de un hombre que gobernó Brasil durante ocho años. Aseguró además que Lula y la difunta exprimera dama Marisa Letícia estuvieron en el inmueble en «al menos en una ocasión». Ella pagó incluso una cuota correspondiente al piso en construcción. Pero el magistrado no hizo referencia al hecho de que, ya en el 2005, la cooperativa responsable de la obra se quedó sin recursos y vendió el edificio a medio construir a OAS, y que Marisa Leticia, después de quejarse de los detalles de su realización, terminó desistiendo de la compra.

Los dos jueces se apegaron a las posiciones de Moro, un juez que soslayó en su momento 73 testimonios, tanto convocados por la fiscalía como por la defensa de Lula, y solo se apoyó en la palabra de Leo Pinheiro, dueño de la constructora OAS, quien dijo que el inmuemble fue regalado al expresidente, algo que hasta los testigos convocados por la acusación rechazaron. Cristiano Zanin, el defensor de Lula, denunció la existencia de una «guerra judicial» contra el exsindicalista que se basó en un power point. «Quieren proscribirlo pero no lo permitiremos, si [la cadena de televisión] Globo quiere ganarle a Lula que ponga su candidato y dispute las elecciones [previstas para ocutubre]». Zanin pidió la nulidad del proceso.

Para Lula, el juicio busca negarle la posibillidad de presentarse en las elecciones de octubre en las que aparece como el gran favorito. Un dictamen desfavorable le da todavía dos oportunidades de apelación: el Tribunal Electoral y el Tribunal Supremo. En Brasil rige desde el 2012 la llamada ley de «ficha limpia» que impide que los políticos sometidos a proceso judicial puedan aspirar a cargos electivos. Pero uno de sus artículos señala que las máximas instancias judiciales pueden suspender esa prohibición como una medida cautelar mientras se realiza la campaña electoral. La Folha de Sao Paulo reconoció que Lula cuenta con una intención de voto de un tercio de los electores, «lo que lo torna, absuelto o no, en un actor central de la disputa por el palacio Planalto». No toda la élite brasileña se muestra proclive a sacar a Lula del juego electoral. Hasta Roberto Pompeu de Toledo, columnista de nula simpatía con el fundador del PT, lanzó su advertencia: «Quien quiere ver a Lula derrotado debe apoyar que lo sea en las urnas. Un Lula impedido será un fantasma no sólo en la elección, sino durante el mandato presidencial que seguirá».

Por eso, el exmandatario dijo estar «extremadamente tranquilo» y con la «certeza absoluta de que no he cometido ningún delito». Anticipándose a lo que comunicará el tribunal, el exmandatario cree contar con «mucho tiempo por delante para mostrar las mentiras contadas». Lula sabe que su suerte no solo se dirime en los tribunales sino en el espacio político y por eso tratará de movilizar a la sociedad para defender su candidatura. Miles de personas se concentraron ayer en Porto Alegre y el PT tratará de lanzar una ofensiva en la calle con el correr de los días. Su peso podrá incidir en el curso de los acontecimientos. En Brasil se habla de la «politización de la justicia» y la «judicialización de la política» para explicar el ciclo iniciado en el 2015 que empezó con la caída de Dilma Rousseff, tiene a Lula en el centro de la tormenta, y que es acompañado con un retorno de los programas económicos neoliberales más duros. Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, y adalid del giro ultraconservador de Brasil, acaba de corroborarlo al calificar a Bolsa Familia, el proyecto que durante la era Lula sacó de la pobreza a millones de brasileños, de esclavizar a las personas. «No hay que dar peces, hay que enseñar a pescar», afirmó.

Buscar tiempo en otra localidad