Organismos de derechos humanos de Guatemala, que aglutinan a familiares y víctimas del conflicto armado (1960-1996), instalaron hoy una exposición fotográfica en el Congreso Nacional para demandar la búsqueda de los desaparecidos durante aquella guerra.
Un dirigente del Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos (Ciidh), Jorge Santos, explicó a periodistas que la exposición intenta concienciar a los legisladores sobre la necesidad de que aprueben la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada.
La iniciativa se presentó hace años, en el 2006, y ya tiene dictámen favorable, pero todavía no ha sido trasladada al pleno del Congreso para su discusión y aprobación, recordó el diputado opositor Orlando Blanco.
La demanda de la creación de la Comisión fue reiterada hoy con motivo de conmemorarse este viernes el Día Nacional de la Desaparición Forzada en Guatemala.
Santos dijo que esta instancia, que tendría carácter humanitario, será la encargada de determinar el paradero de los 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno, entre ellos 5.000 niños.
El dirigente humanitario aseguró que la desaparición "rompió el tejido social de miles de hogares guatemaltecos que hoy en día todavía viven en la incertidumbre por no saber el paradero de los capturados y secuestrados".
A pesar de que Guatemala, según las organizaciones, es el país latinoamericano con mayor número de víctimas de desaparición forzada, los familiares no encuentran una respuesta en el Parlamento, dijo.
Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se comprometió hoy a plantear ante los diputados que se contemple en la agenda parlamentaria la discusión y aprobación de esa instancia para atender la demanda de miles de guatemaltecos.
Miembros de otras organizaciones sociales también salieron hoy de la capital en una caravana de vehículos hacia el municipio de Nebaj, en el departamento de Quiché (noroeste), para entregar de forma simbólica al pueblo indígena Ixil la sentencia emitida el pasado 10 de mayo contra el exdictador José Efraín Ríos Montt.
Ese día, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo encontró culpable al militar retirado de los delitos de genocidio y de lesa humanidad y lo condenó a 80 años de prisión, y absolvió de los mismos delitos a su antiguo director de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez.
Diez días después la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica, anuló la condena y ordenó reanudar el juicio, que, según el Tribunal B de Mayor Riesgo, al que se le trasladó el proceso, no podrá reanudarse hasta abril de 2014.
Mientras, Ríos Montt y Rodríguez permanecerán con arresto domiciliario.
Ambos enfrentan proceso por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos de tropas militares entre 1982 y 1983 en el departamento de Quiché.
