Brasil no para estos días. El ritmo marcado por las calles, que volvieron a hervir en la noche del miércoles al jueves en Belo Horizonte durante el partito Brasil- Uruguay, se ha trasladado a la agenda política que aprieta los pasos para responder a las demandas de los ciudadanos. Este miércoles, en un nuevo pronunciamiento televisivo, la presidenta Dilma Rousseff se enorgullecía de anunciar que el Senado brasileño había aprovado, en una votación simbólica, el proyecto de ley que convierte a la corrupción en crimen doloso. El proyecto fue presentado en el 2011 por el senador del Partido Democrático Laborista, Pedro Taques, y su texto principal incluye delitos tales como la malversación, prevaricación, venalidad o el cohecho propio o ajeno.

Además, el documento también aumenta las penas previstas en el Código Penal por esos delitos que oscilarán ahora de los 4 a los 12 años de prisión. La principal novedad es que al considerarse crímenes dolosos los condenados pierden toda posibilidad de acogerse a indulto y/o medidas de gracia. La ley también dificultará en gran medida que el recluso que sirva condena por corrupción pueda beneficiarse de reducciones de pena o libertad condicional.

El senador precursor del proyecto, Pedro Taques, se mostró orgulloso de la aprobación del proyecto de ley que todavía deberá ser ratificado por la Cámara y sancionado por la presidenta. En su opinión, la legislación brasileña había considerado tradicionalmente los delitos asociados a la corrupción, como "delitos de baja gravedad" y que por ello se había "extendido". Además, sugirió que la medida podría afectar a muchos políticos en activo. "En el crimen de corrupción no se puede identificar a las víctimas. La idea es protegerlas por medios jurídicos. Pero para eso necesitamos que los procesos funcionen más rápidamente. Los políticos también se verán afectados por el cambio en la ley, porque a pesar de no ser el aumento en las penas el que impida el delito es, sin duda, uno de los caminos".

Con este anuncio, Dilma Rousseff se suma otra victoria y cumple con lo anunciado el pasado lunes cuando anunció que aprobaría esta medida. El anuncio, unido a la noticia de la orden de prisión del Supremo Tribunal contra el diputado federal, Nathan Rondon, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el rechazo de la Cámara de los Diputados a la propuesta de enmienda PEC-37 por 430 votos a 9, marcaron la jornada de ayer. La PEC-37 que pretendía limitar la autoridad del Ministerio Público para investigar en casos de corrupción era una de las principales reivindicaciones de las manifestaciones de las ultimas dos semanas.

Ambos éxitos parecen apuntalar la imagen de la presidenta que suma puntos ante los ciudadanos. Sus discursos de esta semana acompañados de soluciones claras han sido una respuesta muy contundente que satisface con creces a las demandas de los manifestantes y en un tiempo récord.

Tensión en Belo Horizonte

Sin embargo, en la jornada del miércoles no todo fueron éxitos y la tensión en las calles se volvió a repetir esta vez en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Con motivo del partido de semifinales de la Copa Confederaciones, que enfrentó a los anfitriones con Uruguay con victoria de los primeros por 2-1, unos 50.000 manifestantes se congregaron en las inmediaciones del estado para continuar con sus propuestas por el gasto en los eventos deportivos. Entre ellos, un grupo de varios cientos de violentos intentaron romper el cerco de dos kilómetros, impuesto por la FIFA alrededor del estadio Minerao, causando la intervención de los 5.657 agentes de la Policía Militar.

La lluvia de piedras fue respondida con disparos de pelotas de goma, que dejaron un herido grave al ser golpeado en la cara, y nubes de gases lacrimógenes. Al final de la jornada se contabilizaron 25 detenciones y al menos 7 heridos graves, uno de ellos muy grave al caer desde un viaducto próximo al estadio.