"Por una bofetada uno puede ser condenado a dos años de prisión con la etiqueta de criminal para toda la vida, o ser sancionado con una multa de 40.000 rublos (unos 630 euros); esta situación es inadmisible; es necesario corregir la ley y eliminar estas situaciones absurdas".

En estos términos se expresaba el pasado julio Elena Mizulina, legisladora ultraconservadora, en el momento que que presentó de forma oficial su propuesta legal para despenalizar parcialmente y rebajar los castigos por ley derivados de la violencia doméstica. Pese a que anualmente en Rusia 14.000 mujeres pierden la vida como consecuencia de actos violentos en el seno familiar, la ley está muy cerca ya de entrar en vigor, tras ser aprobada en primera lectura, durante la semana que ahora acaba, por la abrumadora mayoría conservadora que controla la Duma, la Cámara baja del Parlamento (diputados oficialistas, comunistas y ultranacionalistas).

Con 368 votos a favor, uno en contra y una abstención, los parlamentarios rusos dieron su primer visto bueno a un texto legal que establece que una sola agresión anual, que no haya producido lesiones y que así haya sido certificado por los médicos, no sea considerada una ofensa criminal, sino simplemente administrativa. Esa falta administrativa será castigada con una multa rebajada, equivalente a 500 euros, hasta dos semanas en prisión o 120 horas de trabajo social.

LA ULTRACONSERVADORA MIZULINA

Mizulina, que desde septiembre del 2015 ocupa un escaño en el Consejo de la Federación (Senado) y fue de las primeras personalidades políticas rusas en ser incluídas en la lista de sancionados debido a la anexión de Crimea, insiste en la "absurdidad" de penalizar la violencia en el seno familiar, habida cuenta que otros delitos con violencia son castigados con penas más leves.

Pero lo cierto es que su proyecto de ley solo ha tenido visos de salir adelante tras de la conferencia de prensa anual ofrecida por el presidente Vladímir Putin en diciembre. Durante la sesión de preguntas, un reportero de un medio especializado en temas familiares preguntó al jefe del Estado si "en nombre de los medidas tradicionales educativas rusas" iba a ser abolida la provisión legal que permite a "enviar a la cárcel dos años a un padre por pegar a su hijo que se lo merece".

Putin respondió entonces que, aunque era mejor como primera opción evitar el "azote" debido a que existía "una diferencia muy pequeña entre azotar y pegar", se mostró de acuerdo con el periodista en que era necesario evitar una "no ceremoniosa interferencia (del Estado) en la familia". Según escribe el columnista Leonid Bershidsky en Bloomberg, "Putin está alejando cada vez más a Rusia de Europa con su ideología conservadora". Para el presidente ruso, "descriminalizar la violencia doméstica es solo un paso más en la dirección de la soberanía ideológica" del país, continúa Bershidsky.

Mizulina es, junto con el legislador peterburguense Vitali Milónov, uno de los inspiradores de la célebre ley contra la propaganda homosexual, aprobada en el 2013, que penaliz la promoción de actos sexuales entre personas del mismo sexo, así como cualquier actividad vinculada con este colectivo. La adopción de la ley permite augurar otras iniciativa legislativas en dirección ultraconservadora, en un país donde la Iglesia ortodoxa va ganando importantes espacios de poder e influencia.

El aborto, legal en Rusia hasta la decimo segunda semana de gestación, será probablemente, durante la actual legislatura, un tema recurrente para los sectores más conservadores de la sociedad. En los medios de comunicación rusos aparecen regularmente entrevistas con personalidades religiosas, criticando la elevada tasa de interrupciones del embarazo que existe en el país y presionando públicamente para que la ley sea modificada. En el 2010 se practicaron 1,2 millones de abortos en Rusia. El patriarca Kirill critica que el 80% de ellos sean debidos a lo que denominó "razones de conveniencia".