El Gobierno de El Salvador pidió este martes a la Fiscalía que investigue la supuesta ilegalidad de un acuerdo entre las administraciones anteriores, una agencia de las Naciones Unidas y una empresa española para la construcción de un hospital, cuyo coste pasó de 59,5 millones de dólares a 120 millones.
Se trata del Hospital Regional de San Miguel (este) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), construido durante las administraciones del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La directora del ISSS, Mónica Ayala, declaró en una entrevista en el canal 21 que esta institución y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un acuerdo que contó con la autorización presidencial o de Cancillería en 2013, pero no para los cambios adoptados posteriormente.
Agregó que el acuerdo inicial fue por 59,5 millones de dólares y "progresó" a 83 millones, que con los gastos de un arbitraje internacional con la empresa constructora y otros suma 120 millones.
Ayala dijo que las características del acuerdo fueron "lesivas" para el ISSS, dado que dejaba únicamente a esta institución como financista de la obra.
"El acuerdo que se suscribió con UNOPS era ilegal porque no contó con los plenos poderes para su revisión total. Cancillería debería haber hecho una revisión del acuerdo complementario que se suscribió para haber protegido más a la institución, en ningún momento es que UNOPS se haya prestado a una acción ilegal", acotó.
Acusaciones a empresa
Ayala sostuvo que este acuerdo "hace que se hayan evadido todos los mecanismos legales de contratación" y que "se evadió todos los caminos de rendición de cuentas", sin indicar el delito que se pudo cometer.
La funcionaria calificó a la empresa constructora como de "dudosa reputación, que tiene problemas en todos los países donde ha estado" y que "está asociada a actos de corrupción en todo el mundo".
Se trata de la empresa IBT Group que, de acuerdo con su sitio en línea, "tiene su sede central en Madrid y cuenta también con filiales en Miami, París y Londres" y es parte del grupo Eurofinsa.
En 2018 este grupo se adjudicó también "el diseño y la construcción de la remodelación del principal paso fronterizo comercial entre El Salvador y Honduras", conocido como El Amatillo.
Eurofinsa también finalizó en 2008 la construcción del Hospital San Rafael, en la central localidad de Santa Tecla, y ese mismo año suministró "instrumental médico" a los hospitales nacionales de San Vicente, Usulután, San Miguel y Zacatecoluca.
La UNOPS señala en su página en internet que junto al ISSS logró una implementación conjunta de la obra, lo que ha permitido "un ahorro del 14% con respecto al presupuesto asignado para la adquisición de equipo médico y mobiliario".
