La hora de la verdad se acerca. Nicolas Sarkozy afronta hoy una semana decisiva en su pulso con sindicatos, oposición y estudiantes por imponer la reforma de las pensiones. Mientras el Gobierno lanzaba ayer una vasta operación de comunicación para convencer a los franceses de la necesidad de alargar la edad legal de la jubilación de los 60 a los 62 años, los agentes sociales llamaban --especialmente a ferroviarios y camioneros-- a recrudecer la protesta para aumentar la presión en vísperas de la aprobación de la reforma, el miércoles, por parte del Senado. Mañana, el malestar de los ciudadanos volverá a medirse en la calle.

Además de enviar a los ministros en misión pedagógica, el Ejecutivo centró ayer sus esfuerzos en frenar uno de los efectos más visibles de la movilización social: la escasez de carburante. Aunque las refinerías de petróleo siguen paralizadas, se pusieron en marcha medidas de fuerza. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, emitió una orden para desbloquear el acceso a las plantas, lo que hizo subir la tensión con los huelguistas, que consideran pisoteado su derecho a la huelga.

El aeropuerto Charles de Gaulle de París, que estaba al borde del colapso, recibió suministros para aguantar una semana. Muchas gasolineras superaron las dificultades registradas el fin de semana --en París era muy complicado llenar el depósito-- a causa de una explosión de la demanda por temor a la escasez.

Pero la capital no es la ciudad que más acusa las consecuencias de los paros. En Marsella no solo el puerto está bloqueado sino que los desperdicios se acumulan en las calles por la incorporación a la huelga del servicio de recogida de basuras.

CENTROS ESTRATEGICOS Los sindicatos llamaron ayer a los ferroviarios y a los camioneros a amplificar el movimiento con restricciones en el tráfico y el bloqueo de los accesos a centros estratégicos. Pretenden que el país quede semiparalizado --el sector privado, hasta ahora, ha seguido funcionando normalmente-- para forzar al Gobierno a parar la votación del Senado.

La reivindicación de todas las centrales sociales menos una --Fuerza Obrera-- no persigue la retirada pura y simple de la reforma sino reanudar el diálogo con el Gobierno para negociar una modificación "más justa" del sistema de pensiones. Los sindicatos no se dan por satisfechos con la única concesión del Gobierno, las enmiendas para que algunas madres de tres hijos y padres de disminuidos puedan jubilarse a los 60 años.