La justicia francesa ha condenado a Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el 'affaire Bismuth', también conocido como el caso de las escuchas, a tres años de prisión. Se trata de una sentencia histórica, por primera vez, un expresidente es condenado por cargos de tal envergadura.
"Responderé a todas las preguntas Lo que quiero es salir limpio de esta infamia. Y voy a salir limpio porque quiero la verdad de los hechos", lanzó durante el juicio Nicolas Sarkozy. Si tal era su propósito, sus explicaciones a la justicia no han bastado para convencer al tribunal de su inocencia.
Un sistema de matrioshkas
El 'affaire Bismuth', conocido como el 'affaire de las escuchas', es comparable a una matrioshka, donde cada caso desemboca en uno nuevo. Junto a su abogado y amigo íntimo Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy habría tratado de obtener información confidencial sobre otra investigación judicial a través del magistrado Gilbert Azibert. El juez habría accedido a filtrar ciertos elementos a cambio del patrocinio del expresidente para conseguir un ventajoso puesto en el Consejo de Estado del Principado de Mónaco.
La justicia descubrió esta trama gracias a otra investigación judicial, esta vez sobre la presunta financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. El juez de instrucción del Tribunal de París, Serge Tournaire, decidió poner bajo escucha al expresidente y descubrió la existencia de dos tarjetas de prepago utilizadas bajo seudónimo entre Sarkozy y su abogado Thierry Herzog. La línea telefónica del expresidente fue abierta con el nombre ficticio de Paul Bismuth. Las escuchas de esta línea constituyeron la principal prueba de la acusación.
Sarkozy y su abogado habrían utilizado esta línea para abordar otro asunto: el paradero y el uso de las agendas del exmandatario incautadas en el marco del 'affaire Bettencourt'. El expresidente temía que el contenido de sus dietarios pudiese ser utilizado en otras investigaciones, en concreto en el procedimiento contra Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministra de Economía, en el caso de arbitraje de Bernard Tapie. Sarkozy y su abogado de confianza recurrieron entonces al magistrado Gilbert Azibert, primer abogado general de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, para conocer de primera mano la evolución de su recurso destinado a recuperar sus preciadas libretas.
Quien fuera presidente entre 2007 y 2012, contestó ante el tribunal todas las acusaciones: Permítanme decir solemnemente que nunca he cometido ningún acto de corrupción. Jamás, perjuró frente al Tribunal Correccional de París el pasado 7 de diciembre. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) no se dejó persuadir por las promesas de Sarkozy, estimando que existió un "pacto de corrupción" entre los tres acusados: el expresidente, su abogado y el juez. El ministerio público solicitó cuatro años de prisión -dos con suspensión de pena- para Sarkozy, Azibert y Herzog, para este último también pidió una suspensión profesional de cinco años.
Sarkozy no sólo negó su responsabilidad en el 'affaire de las escuchas', también acusó a la justicia francesa de perseguirle por "infamias" en los múltiples casos que pesan a sus espaldas. Ante tales propósitos, el máximo responsable de la PNF, Jean-François Bohnert, acudió en persona para apoyar a sus compañeros de filas, asegurando que "nadie aquí busca venganza contra un expresidente de la República.
En 2017, la Fiscalía Nacional Financiera llegó a comparar los métodos de Sarkozy con los de un delincuente experimentado. Las múltiples casos judiciales abiertos contra su persona son, sin duda, más propios de un delincuente que de un expresidente. A partir del próximo 17 de marzo, Sarkozy será juzgado por "financiación irregular de su campaña electoral de 2012.
El ministerio público había pedido una condena de cuatro años de prisión -dos con suspensión de pena- para el expresidente francés. Una petición histórica, teniendo en cuenta que Jacques Chirac, el único precedente, fue condenado a dos años de prisión en suspenso en el affaire de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de París en 2011, si bien, la fiscalía pidió su absolución.
