Forzado por las circunstancias, Nicolas Sarkozy ha tenido que dar marcha atrás en algunas de sus reformas, como la tasa sobre las emisiones de carbono o la reorganización de la educación secundaria, pero con el burka no piensa transigir. El presidente francés ha dado luz verde a la ley que prohibirá el velo integral en todo el espacio público pese a la opinión contraria del Consejo de Estado, que en dos ocasiones ha advertido de la falta de fundamento jurídico de la medida. Tras ser presentado, ayer, en el Consejo de Ministros, el texto será votado en el Parlamento en el mes de julio para entrar en vigor el próximo otoño, con un periodo de prueba de seis meses en el que se hará pedagogía antes de empezar a multar.
El proyecto establece que nadie puede, en el espacio público, llevar una vestimenta que oculte el rostro. La sanción por vulnerar esta norma será de 150 euros, que podrá ser sustituida, o acompañada, por la obligación de recibir un cursillo de ciudadanía. Estarán exentos los policías que deban cubrirse por motivos de seguridad y las personas que usen una mascarilla por razones médicas, así como las manifestaciones culturales.
Tal como estaba previsto, el castigo será mayor en el caso de las personas que impongan por la fuerza el uso del burka o el niqab a una mujer. Este nuevo delito estará penado con un año de prisión y una multa que asciende a 15.000 euros.
LA OPCION DEL REFERENDO "Es un camino exigente, pero un camino justo", argumentó el jefe del Estado cuando la ministra de justicia, Michelle Aliot-Marie, presentó el texto en el Elíseo. "La ciudadanía se vive a cara descubierta", defendió Sarkozy, que aludió indirectamente a la posibilidad de convocar un referendo si el Consejo Constitucional tumba la ley. Aunque no es probable que la oposición lleve la cuestión a esta instancia, sí se espera que lo hagan las personas a las que se aplique la ley. También podrán recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que según un buen número de juristas consideraría la medida contraria al principio de la libertad de expresión.
En su enérgico alegato, Sarkozy se remontó a 1962 para recordar otro dictamen desfavorable del Consejo de Estado, el que se oponía a la elección del presidente de la República por sufragio universal. El general Charles de Gaulle optó entonces por convocar un referendo, vía que permite que la soberanía del pueblo se imponga a las autoridades.
En cualquier caso las alegaciones tardarían en prosperar y el Gobierno confía en que suceda como con la ley del velo en la escuela, aprobada en el 2004 con la oposición del Consejo de Estado. Desde su entrada en vigor apenas ha habido incidentes.
