El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, ha decidido seguir aplicando su política de mano dura y de golpes de efecto para poner fin a la violencia urbana en los suburbios. En el ojo del huracán de la crisis, Sarkozy anunció ayer a bombo y platillo que ha pedido la "expulsión inmediata" de los extranjeros, con o sin papeles, que sean condenados por su implicación en los disturbios.

Sarkozy anunció incluso que "unos 120 extranjeros, algunos de ellos en situación regular, han sido condenados" por su participación en la ola de violencia, e informó de que ha solicitado a los prefectos su "expulsión inmediata del territorio nacional". Esos extranjeros figuran entre las 1.800 personas detenidas desde el principio de la revuelta y no han sido condenados, reconoció más tarde Interior.

Las prisas de Sarkozy contrastan con la prudencia de los prefectos (representantes del Gobierno), que se muestran más bien reticentes a la hora de imponer el toque de queda, como están autorizados por el estado de urgencia decretado. Hasta ahora, sólo 6 de los 25 departamentos autorizados han optado por aplicar esta medida de excepción: Seine-Maritime, la Somme, Eure, Oise, Loiret y Alpes Marítimos.

LA COSTA AZUL En este último departamento, varias localidades de la turística Costa Azul están bajo toque de queda nocturno hasta el próximo día 20. En lugares tan conocidos como Niza o Cannes está prohibida "la circulación y la concentración" en vías y lugares públicos "de menores no acompañados por un adulto que tenga autoridad legal" sobre ellos.

En Niza y Saint-Laurent-du- Var una quincena de bares deberán permanecer además cerrados durante el toque de queda, y se podrán efectuar registros domiciliarios, sin orden judicial, a todo sospechoso de "haber cometido o intentado cometer una infracción vinculada a la violencia urbana".

Las reservas suscitadas por el estado de urgencia decretado por el Gobierno quedaron patentes sobre todo en los ocho departamentos que componen la región de Ile-de-France (región parisiense), incluido Seine-Saint Denis, donde comenzaron los disturbios el 27 de octubre.

REMITE EL VANDALISMO Los prefectos de esos departamentos se negaron a implantar el toque de queda, alegando un descenso de los actos de vandalismo y el temor a que la medida sea interpretada como una nueva provocación por las bandas de chavales que siguen en pie de guerra. Durante la noche del martes al miércoles se quemaron 617 vehículos, frente a los 1.173 de la madrugada precedente. El número de detenidos fue de 204 (330 el día anterior).

El anuncio de las expulsiones de los extranjeros condenados por la violencia fue aplaudido por la mayoría de la derecha conservadora. Los socialistas, sin criticar abiertamente la decisión, advirtieron de la "deriva ultra" que comienzan a notar en la política del ministro de Interior. En el 2003 se había suprimido lo que se conoce como "la doble pena", es decir, que los extranjeros regularizados y condenados, una vez cumplida la pena, fueran además expulsados del país.

Según los expertos, la crisis no se resolverá simplemente con más represión y la reinstauración de las subvenciones que el mismo Gobierno suprimió. El paro y la pobreza "no desaparecerán por decreto", subraya la socióloga Dounia Bouzar.