Con la aprobación, ayer en el Parlamento, de la ley que implanta los servicios mínimos en el transporte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, culmina la primera fase de las reformas que prometió. En esta sesión extraordinaria del Parlamento se ha aprobado también la ley que endurece las penas a los reincidentes, el paquete fiscal y la reforma universitaria.

Tras este maratón legislativo, ayer se iniciaron las vacaciones oficiales del Gobierno francés. Sarkozy y sus ministros se tomarán tres semanas de descanso, la mayoría en Francia, aunque el presidente viajará con su esposa y unos amigos a América del Norte, se desconoce si a EEUU o a Canadá. La única condición que Sarkozy ha puesto a sus ministros es que estén localizables por teléfono móvil y que se preparen para una rentrée que se prevé caliente.

Buena parte de la culpa de este temor a los conflictos lo tiene la ley sobre los servicios mínimos en el transporte terrestre, aprobada la noche del miércoles en la Asamblea Nacional por 96 votos contra 22. Votaron a favor la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y los centristas del Nuevo Centro (NC), aliados de la mayoría, y lo hicieron en contra socialistas, verdes y comunistas. La ley, adoptada por el Senado el 19 de julio, vio ayer por la tarde la luz verde definitiva por procedimiento de urgencia tras constituirse una comisión mixta paritaria Asamblea-Senado que unificó el texto antes de someterlo a la votación final.

La ley pretende garantizar, a partir del 1 de enero del 2008, el cumplimiento de los servicios mínimos en las horas punta, una aspiración apoyada por el 70% de los franceses, según los sondeos. Pero tiene tres artículos conflictivos que, según la oposición, que acudirá al Consejo Constitucional, restringen el derecho de huelga: cada trabajador deberá pronunciarse 48 horas antes de un paro sobre si va a participar o no; habrá una consulta con voto secreto sobre la continuidad del conflicto cuando la huelga dure más de ocho días y la remuneración del empleado, incluyendo todos los complementos, se reducirá en función de su grado de participación en el paro. Los sindicatos se oponen a la ley. Pero el día 31 de julio convocaron una jornada de protesta que fue un fracaso.

REBAJAS FISCALES El Parlamento aprobó también el llamado paquete fiscal, muy criticado por la izquierda porque fija una serie de rebajas de impuestos que favorecen a los más ricos. La ley exonera de impuestos las horas extras para acabar indirectamente con las 35 horas de trabajo a la semana; suprime prácticamente el impuesto de sucesiones; introduce la deducción de los intereses de los créditos hipotecarios por compra de la primera vivienda; baja del 60% al 50% de los ingresos totales el tope fiscal que hay que pagar al Estado; implanta un ingreso de solidaridad activa (RSA) para los más pobres a cambio de contrapartidas, y limita las indemnizaciones millonarias de los altos ejecutivos.

El coste para el Estado de estos regalos fiscales se estima en una media de 13.800 millones anuales. El Gobierno confía en que estas medidas "propulsen el crecimiento", mientras que los socialistas denuncian la vuelta a una "sociedad de rentistas".

Con los únicos votos de la UMP y el NC se aprobó asimismo el miércoles la ley de autonomía universitaria, que prevé que en cinco años todos los centros gocen de autonomía presupuestaria y de gestión, y puedan convertirse en propietarios de sus bienes inmobiliarios, así como crear fundaciones. La izquierda la tacha de reforma tímida. La primera ley que se aprobó fue la que establece penas mínimas garantizadas para los multirreincidentes y rebaja la edad penal de 18 a 16 años para los menores reincidentes en ciertos casos.