El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó a los chilenos a alcanzar un acuerdo amplio que incluya la redacción de una nueva Carta Magna con el propósito de apagar el incendio social que volvió a tener otro pico de intensidad el martes, día de huelga general que acabó en disturbios. «La grave situación que vive nuestro país desde hace ya cuatro semanas exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces y actuar con la grandeza y el patriotismo que las circunstancias nos exigen, para poder completar estos tres grandes acuerdos», dijo ayer el mandatario.

Piñera aspira a consensuar con la oposición una agenda «por la paz» que «permita condenar de forma categórica una violencia que nos ha causado mucho daño y que se condene a quienes directa o indirectamente la impulsan o toleran». El tercer pilar de su propuesta es un «acuerdo por la justicia» para «poder impulsar una robusta agenda social que permita avanzar hacia un Chile más justo».

El magnate, cuya popularidad se encuentra por los suelos, ha recogido uno de los reclamos que brotan de las calles: terminar con la Constitución elaborada en 1980 bajo la dictadura de Pinochet. Si bien ese texto fue sometido a varias reformas, su matriz neoliberal quedó inalterable y es el aspecto más cuestionado por las multitudes en sus consignas. Piñera llamó a los chilenos a diseñar una nueva institucionalidad de manera «participativa» para que los ciudadanos tengan «la última palabra» a través de una consulta popular.

Su alocución nocturna combinó las ofertas a la sociedad con un anuncio que presagia mayor dureza represiva: la reintegración de los policías militarizados (carabineros) y agentes de seguridad que se retiraron para redoblar el control de las ciudades. El Estado tiene por primera vez la sensación de que está siendo desbordado. «Esta situación tiene que terminar. Todas las fuerzas políticas y las organizaciones sociales tenemos que unirnos en torno a estos tres grandes urgentes y necesarios acuerdos nacionales», dijo.

Los efectos del estallido social empiezan a dejar su marca en la economía. El peso chileno ha alcanzado mínimos históricos, situándose en los 781 unidades por dólar, el desplome de una moneda cuya apreciación era orgullo de las autoridades.