Los 13 años de gobierno ininterrumpido del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) llegaron hoy a un fin abrupto tras cuatro meses interminables de crispación, división en las calles y denuncias internacionales de golpe de Estado. En una sesión de votación presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, los 81 miembros del Senado decidieron por 61 votos a favor, 20 votos en contra y ninguna abstención, siete votos por encima del mínimo necesario, que la presidenta Dilma Rousseff fue culpable de un delito de 'responsabilidad fiscal' al emitir tres decretos, que exigieron el adelanto de cuantiosos préstamos procedentes de la banca pública, con el objetivo de maquillar el déficit real del ejercicio contable de 2015.

De esta manera, la ya expresidenta Rousseff, que acompañó la votación desde su residencia oficial del Palacio de la Alvorada junto a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de su partido Rui Falcao, perdió automáticamente el cargo que será asumido hasta el fin del mandato, el 1 enero de 2018, por su antiguo vicepresidente Michel Temer que desde hace 112 días ejercía de presidente interino. A pesar de las innumerables críticas contra el proceso de 'impeachment', que ha sido tachado de 'golpe parlamentario’ por personalidades como el premio Pulitzer Glenn Greenwald o el expresidente del Supremo brasileño Joaquim Barbosa, la oposición de la mayor democracia de América Latina consiguió su objetivo de acceder al poder sin el respaldo de las urnas.

Por lo pronto, el panorama que espera al país no es de lo más prometedor o, al menos, no lo es para los 35 millones de brasileños que se beneficiaron de los ambiciosos programas sociales impulsados por Lula y Rousseff. El llamado 'Plan Temer' promete la solución a la crisis económica mediante recortes del gasto público, privatizaciones masivas de las empresas públicas, una profunda reforma del sistema de pensiones y una flexibilización del mercado laboral. Una receta decididamente neoliberal que ya se aplicó con resultados nefastos en el gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso a finales de la década de los noventa. Una gestión tan pésima que encumbró a un sindicalista por el que nadie apostaba pero que acabó por cambiar la historia de América Latina, Lula da Silva.

Temer tomara posesión en el Palacio de Planalto hoy mismo y, acto seguido, embarcará hacia la Cumbre del G20 en Hangzhou (China) mientras que Rousseff abandonará el Palacio de la Alvorada rumbo a Porto Alegre donde su hija y sus nietos la esperan. Además, una votación complementaria determinó quedará inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por espacio de ocho años. Por su parte, el abogado de expresidente, José Eduardo Cardozo, anunció que recurrirá la “sentencia del golpe” ante el Tribunal Supremo. Golpe o no, no hay duda de que es un día triste para la primera mujer presidente de un país que se atrevió a soñar con un futuro mejor para todos pero cuya clase política, reaccionaria hasta el delirio, no tuvo la paciencia necesaria para esperar el veredicto de las urnas en las presidenciales de 2018. Como dijo Rousseff el pasado lunes en su alegato final en el Senado: "La historia nos juzgará a todos".