El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abrió el pasado martes la caja de los truenos con una sentencia de consecuencias imprevisibles. El órgano judicial del Consejo de Europa dictaminó que la Constitución de Bosnia-Herzegovina es "discriminatoria", porque impide a las minorías que no pertenecen a la comunidad serbia, croata o musulmana acceder a dos de las máximas instancias del poder, como son la Cámara alta del Parlamento (Cámara de los Pueblos) y la presidencia tripartita del país. El fallo, impecable desde el punto de vista de la defensa de la democracia y el principio de igualdad de todos los ciudadanos, echa más leña al fuego de lo que en los últimos meses ha hecho disparar la tensión política en Bosnia: el intento de reformar la Constitución.

Se trata de una patata caliente imbricada en la turbulenta historia reciente del país. La Constitución es parte del acuerdo de Dayton, que puso fin a una contienda (1992-95) que constituyó la peor carnicería en Europa desde la segunda guerra mundial. El acuerdo preservó Bosnia como Estado, pero modificó su estructura interna y la dividió en dos entidades: la República Srspka (serbia) y la Federación de Bosnia-Herzegovina (croato-musulmana). El Estado es débil y ha resultado disfuncional. Las entidades, constituidas sobre una base étnica, concentran casi todo el poder. Musulmanes y croatas recelan de la Republica Srpska, porque la ven como el producto del genocidio. Los dirigentes serbios, por su parte, utilizan el derecho de veto para bloquear cualquier iniciativa que refuerce el Estado, cuyas instituciones suelen torpedear.

Hace ya algunos años que la muy compleja estructura institucional diseñada en Dayton está siendo cuestionada, incluso por las potencias internacionales que la apadrinaron y establecieron un protectorado. En 1996 hubo el primer intento de negociar una reforma, pero fracasó. En los últimos meses, EEUU y la Unión Europea han vuelto a impulsar, sin éxito, una iniciativa similar. Así, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que da la razón a Jacob Finci, líder de la comunidad judía de Sarajevo y actual embajador de Bosnia en Suiza, y a Dervo Sejdic, dirigente de la comunidad roma (gitana), que interpusieron la demanda, puede provocar una sacudida.

La sentencia tiene cuidado en no criticar el acuerdo de Dayton. Reconoce que "la naturaleza del conflicto era tal" que la estructura en cuestión "fue necesaria" y perseguía "un fin legítimo", como era instaurar "la paz y la estabilidad". Pero añade que Bosnia ha avanzado mucho desde entonces y ya no se justifica la discriminación.

Poder compartido

El tribunal acepta el argumento de que Bosnia no puede abandonar del todo "los mecanismos de poder compartido" y que no está "aún madura para un sistema político que sea un simple reflejo de la regla de la mayoría", pero subraya que pueden hallarse fórmulas que no lleven "a la exclusión automática" de los representantes de otras comunidades.

Aunque sea parte de un tratado de paz, la Constitución establece un mecanismo para su propia reforma, que deja en manos de la Cámara de Representantes (la Cámara baja del Parlamento). Empezar a hacer uso de él era hasta ahora considerado por más de uno como una necesidad política. Desde el pasado martes, se supone que es además un imperativo legal.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde las no gubernamentales, como Human Rights Watch, a algunas gubernamentales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), se frotan las manos y han pedido ya a Bosnia que cumpla con la sentencia. El intocable melón de Dayton parece a punto de abrirse. ¿Habrán conseguido el judío Finci y el gitano Sejdic lo que los mandatarios de EEUU y la UE se han visto incapaces de lograr?