El cerco judicial sobre el primer ministro israelí, Ariel Sharon, se estrecha. La fiscalía israelí decidirá en las "próximas semanas" si procesa al dirigente, tras la inculpación del empresario David Appel por tratar de sobornar en 1998 a Sharon, entonces ministro de Exteriores, y a Ehud Olmert, exalcalde de Jerusalén y actual ministro de Comercio.

La demanda presentada en un tribunal de Tel-Aviv señala que Appel sobornó a Sharon y Olmert para lograr favores políticos. El contratista expuso su plan de llevar a cabo un centro turístico en Grecia, para lo que trató de valerse de los favores de ambos a través de Gilad, un hijo de Sharon. Gilad debía recibir 3 millones de dólares (2,3 millones de euros, 383 millones de pesetas), dice la acusación.

La demanda dice que "Appel llegó a un acuerdo con Gilad para pagarle cantidades infladas de dinero con el objetivo de influir en Sharon en cuestiones públicas".

Si se comprueba que Sharon y Olmert aceptaron sobornos, podrían verse obligados a dimitir. La oposición ya exigió ayer la inmediata renuncia de Sharon. El líder laborista, Shimon Peres, encargó a su grupo parlamentario que prepare una moción de censura contra Sharon.