¿Y ahora qué va a pasar? Esta es la pregunta del millón que se formulan oenegés y cancillerías con algo que decir en Sudán, de Pekín a Washington, después de que el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno- Ocampo, solicitara una orden de detención del presidente Omar el Bechir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De momento, todo queda en suspenso hasta que los jueces del TPI decidan sobre esta petición. Un lapso de no más de tres meses para que el régimen de Jartum dé pasos inequívocos en favor de la paz en Darfur y revierta la explosiva situación que se vive en la frontera entre Chad y Sudán, con 28 grupos rebeldes y tres milicias árabes progubernamentales. Una vez emitida la orden de detención, la acusación pendería indefinidamente como una losa sobre la cabeza del imputado, y solo una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU --con las dificultades que ello conlleva-- podría suspender su aplicación.

"Hemos adoptado la actitud de esperar y ver", admite Eliane Drakopoulos, portavoz para Africa de Amnistía internacional, organización que no dudó en congratularse de la petición de Moreno-Ocampo.